La organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido a los Estados del mundo que trabajen por una seguridad social a disposición de todas las personas, ante la serie de crisis que han dejado a cientos de millones expuestas al hambre y a un ciclo de pobreza y privaciones.

Las restricciones draconianas a la capacidad de las mujeres para estudiar y trabajar contribuyen a la calamitosa situación socioeconómica en Afganistán, con consecuencias graves para la población, según indica un informe publicado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha anunciado que está en condiciones de comenzar una “estrategia de incidencia” para conseguir que sus “principales reivindicaciones” se incluyan en los programas electorales de los distintos partidos que concurrirán en las diferentes elecciones que se verificarán en 2023. La PTS tiene como objetivo defender los derechos sociales de la ciudadanía, especialmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Alrededor de 80 millones de personas con discapacidad en Europa, de las que 4,38 millones residen en España, dispondrán de productos y servicios más accesibles, garantizando sus derechos como clientas, consumidoras y usuarias y permitiendo su libre circulación sin discriminación y con mayor autonomía dentro de la Unión Europea.

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), Carlos Susías, ha destacado la importancia de que la UE sea capaz de sacar adelante una directiva comunitaria sobre renta mínima con el fin de combatir la pobreza y la exclusión social, un fenómeno que se ha agravado como consecuencia de la irrupción de la pandemia del coronavirus.