La desigualdad social cava un abismo social, cava una fosa social. Y este es nuestro auténtico problema, nuestro sufrimiento real. Sin embargo, se oculta que la desigualdad aumenta y se oculta que una ínfima minoría social -bancos, eléctricas, petroleras y capital extranjero- gana cada vez más a costa de recortar el bienestar, de empobrecer -en mayor o en menor medida- a la mayoría social.

Como era de esperar, ha pasado sin pena ni gloria la noticia de dos mujeres que se suicidaron en Barcelona horas antes de procederse a su desahucio judicial por impago de alquiler de su vivienda. Los medios generalistas han tratado la nueva como un suceso trágico sin mayor repercusión social. Tampoco se han registrado pronunciamientos al respecto de nadie con mayor o menor relieve público de responsabilidad política a cualquier escala territorial, ya sea local, autonómica o estatal.

Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado abierto a “dialogar, negociar y acordar con todos los grupos parlamentarios” la mejor “respuesta” a las “demandas específicas” de aquellas familias con “necesidades mayores”, entre las que citó a las monomarentales, en el marco de la tramitación de la Ley de Familias, que reiteró, llegará al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”.

Declarar la condición de vulnerable económico en la sociedad española sigue un proceso formal en el que interviene directamente la burocracia local, limitándose a cumplir con la normativa establecida por la inteligencia mandante. Con lo que en la práctica resulta que se le atribuyen nuevas competencias, se crea empleo en su ámbito laboral, aumenta el poder del sector y se demoran o eternizan los procedimientos judiciales.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la modificación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Discapacidad para establecer un procedimiento de urgencia para la valoración del grado de dependencia, ahora no regulado.

El más reciente episodio de esa realidad lo protagonizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al vetar, el 29 de julio, la Ley Integral de Prevención al Embarazo de Adolescentes, aprobada por el unicameral Congreso Nacional el 8 de marzo y criticada por grupos conservadores y la derecha política del país.

Todas las personas tenemos la libertad de votar a qué partido queremos que nos gobierne, pero hay algo muy importante a tener en cuenta, que no se trata de quién sea, izquierda o derecha, si no más bien quien protege y defiende nuestros derechos, libertades y una vida digna para todos, por ello en estos momentos, quien salga ganador debería de tener en cuenta los principales problemas, que más pronto que tarde debería de resolver de una vez por todas.

En el contexto acutal es más necesario que nunca poner el foco en el cuidado de las personas y en su bienestar. La Plataforma del Tercer Sector, que tiene como objetivo mejorar los derechos y calidad de vida de la ciudadanía, apuesta por establecer un vínculo con las empresas españolas para dar un paso más en la reconstrucción social y lograr conjuntamente los objetivos marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para esta década.

La literatura politológica lleva más de 30 años intentando dar explicación al auge de los partidos de extrema derecha en Europa, y ante los resultados de las últimas elecciones, considero personalmente que en España tenemos un problema, y tenemos que poner este debate encima de la mesa.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido a los Estados del mundo que trabajen por una seguridad social a disposición de todas las personas, ante la serie de crisis que han dejado a cientos de millones expuestas al hambre y a un ciclo de pobreza y privaciones.

Las restricciones draconianas a la capacidad de las mujeres para estudiar y trabajar contribuyen a la calamitosa situación socioeconómica en Afganistán, con consecuencias graves para la población, según indica un informe publicado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha anunciado que está en condiciones de comenzar una “estrategia de incidencia” para conseguir que sus “principales reivindicaciones” se incluyan en los programas electorales de los distintos partidos que concurrirán en las diferentes elecciones que se verificarán en 2023. La PTS tiene como objetivo defender los derechos sociales de la ciudadanía, especialmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Alrededor de 80 millones de personas con discapacidad en Europa, de las que 4,38 millones residen en España, dispondrán de productos y servicios más accesibles, garantizando sus derechos como clientas, consumidoras y usuarias y permitiendo su libre circulación sin discriminación y con mayor autonomía dentro de la Unión Europea.

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), Carlos Susías, ha destacado la importancia de que la UE sea capaz de sacar adelante una directiva comunitaria sobre renta mínima con el fin de combatir la pobreza y la exclusión social, un fenómeno que se ha agravado como consecuencia de la irrupción de la pandemia del coronavirus.