En el comunicado interno, la empresa recuerda que "la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo", por lo que la compañía "seguirá avanzando en el proceso de integración cumpliendo con la legalidad vigente".

La dirección de Coca-Cola Iberian Partner propone una indemnización lineal adicional de 10.000 eurospara impedir la la imposición de ajustes laborales y salidas forzosas.

Los secretarios generales de UGT y CC.OO. piden al Gobierno que se implique en frenar el Expediente de Regulación de Empleo de Coca-Cola Iberian Partners, que afectará a 1.250 trabajadores.

En una jornada maratoniana de declaraciones que ha concluido sobre las 21,00 horas del viernes, han comparecido ante la magistrada Mercedes Alaya dos abogados del despacho Garrigues y un tercer letrado perteneciente al bufete Estudios Jurídicos Villasís.

El informe analiza el expediente de regulación de empleo que, el pasado mes de agosto, supuso el despido de 129 trabajadores de Mercasevilla con indemnizaciones de 20 días de sueldo por cada año de servicio, el mínimo recogido por la vigente legislación laboral. 

El Gobierno valenciano ha anunciado el cierre de Radio Televisión Valenciana tras anular el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el ERE de la sociedad, que afectó a 1.300 trabajadores.

► La segunda edición del informativo abre con la noticia del cierre y con todos los trabajadores en el plató

► El PP aprobará una ley para cerrar la sociedad y un ERE extintivo

Los trabajadores de la compañía rechazaron hace dos días en asamblea, por amplía mayoría, la oferta de 63 despidos, 146 prejubilaciones y rebaja generalizada de salarios para el resto de la plantilla.

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que afectará a todos los trabajadores desde el 1 al 24 de septiembre de 2013 y entre el 6 y 31 de julio de 2014.

Concluye que la dirección de la empresa no justificó documentalmente el descenso en la facturación para despedir a sus 28 trabajadores.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha invalidado el expediente de regulación de empleo llevado a cabo por la empresa Talleres López Gallego por no entregar la documentación mínima a los representantes de los trabajadores.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, tomará declaración como imputado al exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

► La Guardia Civil detiene a cerca de 20 personas por los ERE fraudulentos

La operación ha comenzado sobre las 8.00 horas y se está desarrollando de forma simultánea en Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid y Barcelona.

Los sindicatos CC.OO, UGT, y una mayoría de sindicatos representantes de los trabajadores de Iberia aceptarán este miércoles la propuesta del mediador en el conflicto de la aerolínea, Gregorio Tudela, que suaviza a 3.181 los despidos y prorroga el Expediente de Regulación de Empelo (ERE) en vigor hasta 2015.

La decisión sobre la propuesta del mediador Gregorio Tudela se ha pospuesto al miércoles, después de que los sindicatos hayan solicitado un período adicional para consultar su decisión a sus afiliados.

El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Gregorio Tudela hará entrega de un borrador de su propuesta de mediación a fin de acercar posturas entre los trabajadores y la dirección de la aerolínea.

El consejo de administración de RTVV ha aprobado este miércoles, con los votos de los consejeros del PP, la propuesta de Expediente de Regulación de Empleo sobre la plantilla del ente público, que fija la salida "progresiva" de hasta 1.198 trabajadores.

Más de 10.000 trabajadores han perdido su trabajo por un expediente no pactado, casi cinco veces más que antes de la reforma.

La entidad advierte "una nueva vuelta de tuerca" en las condiciones laborales y en el adelgazamiento de las redacciones por parte de empresas públicas y privadas.

La Junta no ha solicitado el ingreso en la cárcel del exconsejero, sino que comparezca semanalmente en el Juzgado y que pague una fianza de responsabilidad civil de 68 millones de euros.