Al mismo tiempo que en el Perú se puede liberar al exdictador Alberto Fujimori, sus partidarios quieren deponer al Presidente Pedro Castillo. Al margen de lo que opinemos sobre ambos líderes y sobre los procesos que ellos confrontan, hay algo que no se puede dejar pasar. Este es el de la extrema doble moral del fujimorismo.

Cuando faltaban 3 meses para que se cumpla el 30 aniversario del cuartelazo del 5 de abril de 1992, se produjo una especie de golpe, el cual, inicialmente, apareció imperceptible para los 33 millones de peruanos. Ese día Augusto Ferrero asumió la Presidencia del Tribunal Constitcional, con lo cual el fujimorismo lograba controlar lo que se proyecta como la cuarta y última instancia de la judicatura y como un cuarto poder (por encima del ejecutivo, legislativo y judicial).

El Premier Aníbal Torres ha descrito el pedido del TC de soltar a Alberto Fujimori como una aberración similar a una que llame a liberar a Adolfo Hitler. Sostiene que el TC debe ser eliminado y que el Gobierno va a hacer todo lo posible por evitar excarcelar al exdictador.

Este 5 de abril se cumple el 30 aniversario desde que en el Perú se dio la última vez en la cual los militares tomaron los poderes judicial y legislativo. El autor de tal violación a la constitución y  la democracia, Alberto Fujimori, pretende celebrar esa fecha gozando de plenas libertades (e incluso pudiendo escaparse al exterior).

El dictamen del Tribunal Constitucional para liberar a Fujimori viene radicalizando a multitudes que irán ganando las calles, las cuales pudiesen obligar al Gobierno a evitar la excarcelación de Fujimori planeada para el lunes 28.

El Tribunal Constitucional aprobó sorpresivamente una liberación exprés al mayor dictador, ladrón y violador de derechos humanos vivo en Perú. Alberto Fujimori debe ser excarcelado, pese a que nunca pidió perdón ni pagó reparaciones al Estado, a quien robó miles de millones de dólares. Nunca llegó a pasar por una cárcel común y su prisión lo pasó en un departamento con jardín en condiciones mejores que las de la gran mayoría de los peruanos.

Desde que Keiko Fujimori se clasificó para entrar a la segunda vuelta el 11 de abril todo su discurso se ha centrado en demostrar que ella es la garante de la democracia contra el peligro del comunismo y del terrorismo. Gracias a esa propaganda ella pudo ganar el apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación y del centro y de la derecha.

A trece días de la muerte de Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua por terrorismo, la fiscalía peruana dispuso cremar y dispersar su cuerpo en un lugar anónimo. Un castigo así no lo ha recibido antes ninguna persona fallecida en una prisión peruana (y posiblemente en cualquier otra democracia multipartidaria del mundo).