Garzón ha mantenido su convicción de que los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1951 constituyen un delito permanete de desapariciones forzadas en un contexto de crímenes contra la humanidad.
El juez está acusado en esta causa de haber cometido un delito continuado de prevaricación por “tratar de justificar” su falta de competencia para investigar los fusilamientos y desapariciones de la dictadura.
También ha aceptado la declaración, en calidad de testigo, del funcionario del juzgado de Garzón liberado para el caso Gürtel, que alertó a algunos letrados de que sus comunicaciones estaban siendo grabadas.
Más de un centenar de periodistas procedentes de 40 medios de comunicación nacionales y de otros 30 medios extranjeros se han acreditado para cubrir el juicio.
Pedro Luis Gallego está condenado por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más.
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