"Hice lo que tenía que hacer. Los jueces no estamos para ideologías"

En su declaración ante el tribunal que le juzga por un delito de prevaricación, el magistrado ha mantenido que aceptó investigar estos hechos en aplicación de la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó al 'caso Scilingo' y a partir del mismo criterio que le permitió dictar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.

"No hice una cosa diferente a lo que he hecho en todos y cada uno de los procedimientos en los que correspondía esta decisión procesal. Hice exactamente igual, ni más ni menos", ha mantenido el juez a preguntas de su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda.

Garzón ha mantenido su convicción de que los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1951 constituyen un delito permanete de desapariciones forzadas en un contexto de crímenes contra la humanidad y conexo al delito contra Altos Organisos de la Nación, lo que justificaba la competencia de la Audiencia Nacional.

Así, ha ha recalcado que en ningún momento sorteó la Ley de Amnistía, como estableció la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, porque los "efectos" de este tipo de delitos permanecen en el tiempo".  "Los crímenes de la naturaleza que se denunciaron no pueden tener carácter político de ningún tipo, son crímenes contra la humanidad", ha defendido.

"Me correspondió un asunto en reparto automático y a partir de ahí hice lo que creí que tenía que hacer acomodándome a las normas legales en vigor y a las internacionales", ha señalado antes de recordar que en las causas sobre las dictaduras argentina y chilena la Fiscalía presentó "recursos durísimos" y luego "cambió de oposición y mantuvo la acusación".

En este contexto, ha señalado que antes de aceptar la investigación y en una fase de diligencias a prevención solicitó a varias instituciones un censo oficial de desaparecidos, aunque sólo el ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, le facilitó los datos que había reclamado.

"Un organismo me mandaba a otro. Ningún organismo contribuyó, sólo el alcalde de Madrid", ha señalado Garzón al explicar que tuvo que dirigirse "en cadena" a los Ministerios de Interior y Defensa, a la Conferencia Episcopal y a los Archivos Histórico Nacional, de la Guerra Civil y General de la Administración para llegar la conclusión de que "no había ningún dato de censo" sobre desaparecidos.

Garzón, que ha añadido después que los Gobiernos de Andalucía, País Vasco y Cataluña también le suministraron los datos que necesitaba, ha explicado que precisaba de estos listados para dirimir si era competente para asumir la causa. Lo hizo el 16 de octubre de 2008 tras haber recibido de las Asociaciones de Memoria Histórica un listado global en el que referían la existencia de 114.000 casos de "desaparecidas sin vinculación con la confrontación de la Guerra Civil, durante, al margen y después de la misma".

Tras ello, solicitó a la Policía Judicial que desarrollara "una investigación" para poder acreditar que los principales responsables del Alzamiento Nacional y de Falange, a los que se atribuían las desapariciones, estaban muertos. Según ha explicado, esa constatación hizo "decaer la competencia por el delito contra Altos Organismos de la Nación", por lo que el 16 de diciembre de 2008 acordó ceder la competencia a los juzgados territoriales".

En este punto, ha recordado que unos juzgados "dejaron en suspenso la tramitación, otros la aceptaron y al menos dos, los de Granada y San Lorenzo de El Escorial (Madrid), plantearon cuestión de competencia" que elevó al Tribunal Supremo".

Garzón, que también ha defendido durante su intervención el derecho a la "verdad, la justicia y la reparación" de todas las víctimas, ha rechazado que esta causa sea similar a las querellas que le presentaron en su juzgado por los asesinatos que tuvieron lugar en Paracuellos del Jarama (Madrid) durante la Guerra Civil.