El Senado de Estados Unidos ha aplazado sus sesiones este jueves hasta las 00.01 horas (las 6.01 horas en la España peninsular) sin aprobar el acuerdo alcanzado el miércoles por republicanos y demócratas sobre los presupuestos, que expiran a medianoche, lo que llevará al Gobierno a sufrir un nuevo cierre.
Está previsto que las votaciones puedan iniciarse en torno a las 1.00 horas (hora local) y, en caso de que el acuerdo sea aprobado, pasaría a la Cámara de Representantes, existiendo la posibilidad de levantar el cierre antes del inicio de la jornada laboral.
El senador republicano Rand Paul ha aplazado la votación sobre el acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar un cierre de Gobierno, si bien el mismo debe ser también ratificado por el presidente, Donald Trump, una vez supere el trámite en el Congreso.
"La razón por la que estoy aquí esta noche es para poner a la gente bajo escrutinio. Quiero que se sientan incómodos", ha recalcado Paul, muy crítico con el aumento de los gastos del Gobierno, según ha informado el diario local 'The New York Times'.
"Quiero que respondan a las personas que están en sus casas y se preguntan '¿Por qué estabais contra los déficits del (ex) presidente (Barack) Obama y ahora estáis a favor de los déficits de los republicanos?'", ha sostenido.
Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha expresado además su oposición al acuerdo entre ambos partidos, recalcando que su formación necesita un contrapeso para impulsar su agenda a nivel de inmigración.
Los partidos Republicano y Demócrata en el Senado llegaron el miércoles a un acuerdo sobre el techo de gasto público que contempla una inyección de 300.000 millones de dólares durante los próximos dos años, lo que acabaría con la amenaza de cierre gubernamental que se ha repetido cíclicamente desde el pasado verano.
El Gobierno federal se quedó sin fondos para los servicios esenciales en enero, lo que derivó en una parálisis de tres días que se resolvió con un acuerdo parcial para ampliar los planes presupuestarios hasta este jueves, 8 de febrero.
En vísperas del plazo límite, los líderes de la mayoría republicana y de la minoría demócrata en el Senado, Mitch McConnell y Chuck Schumer, respectivamente, anunciaron que consiguieron llegar a un acuerdo que aumenta los límites fijados por el alcanzado en 2011, durante el Gobierno de Obama, interpretado como una victoria republicana.
Según los detalles que han trascendido a la prensa estadounidense, el Gobierno federal podrá gastar 300.000 millones de dólares adicionales a lo largo de los próximos dos años. La partida de Defensa aumentará 80.000 millones de dólares en este año fiscal y 85.000 en el próximo y el gasto no militar lo hará en 63.000 y 68.000 millones en dichos periodos.
El gasto no militar se repartirá en 20.000 millones de dólares para infraestructuras, 11.000 para ayuda de emergencia a Puerto Rico, 6.000 para combatir el creciente consumo de opio y salud mental, 5.8000 para infancia y 4.000 para los cuidados médicos de los veteranos, entre otras partidas.
El acuerdo en la cámara alta incluye una medida urgente de autorización del gasto público para mantener abierta las agencias federales más allá del 8 de febrero.
Este borrador debe ser aprobado todavía en la Cámara de Representantes, donde enfrenta una fuerte oposición de republicanos y demócratas, si bien se espera que al menos den su visto bueno a la financiación urgente.
El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos, según ha advertido esta semana un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
La pena capital no debería existir ya en el siglo XXI, y los Estados que la aplican deberían establecer una moratoria y avanzar hacia la abolición, según ha planteado de nuevo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó medidas que transferirán a niños al sistema penitenciario de adultos del país, exponiéndolos a un mayor riesgo de abuso y violando los estándares internacionales de justicia juvenil, según ha denunciado la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).