La sombra de la corrupción

Es muy larga y desde que se destaparon las distintas corrupciones, aún más, sobre todo en los partidos mayoritarios que llevan gobernando Comunidades durante veinte o más años, y ante el temor de perder “su” mayoría están sacando oposiciones en los distintos organismos y Ayuntamientos que controlan, lo hacen de forma anticonstitucional al saltarse los Artículos 14 y el 23.2 de la Constitución de 1978.

Artículo 14.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 23.2.- Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Ambos Artículos lo ignoran para favorecer descaradamente a los interinos con una puntuación extra antes de examen en algunos casos hasta de 4 puntos, que sumado a la nota de examen obtienen en muchos casos una puntuación de 9 (con un cinco en el examen). O el trato discriminatorio para los propios interinos opositores con otras comunidades de lengua cooficial, pueden tener 18 puntos si hablan su lengua, pero ellos pueden presentarse en cualquier comunidad con solo el idioma oficial del Estado - el español-. Igual de discriminatorio es en los titulares, interinos o laborales de cualquier Admón. que obtienen 0,15 puntos por mes trabajado para optar a cualquier oposición. También aquellas personas que han obtenido más de una plaza en la Administración Pública son consideradas plazas a perpetuidad generando interinidad al no ocupar dicha plaza, cuando en la Empresa privada las excedencias son por tiempo limitado por Ley.

Hay que suprimir los Concursos-Oposición al ser discriminatorios, o utilizar solo para optar a una categoría superior en el Organismo donde se encuentre, dado que los opositores por libre para conseguir una buena nota deben de estudiar meses o años y sacar un 10 para no quedar relegados a posiciones atrasadas con respecto a los titulares, interinos o laborales que se presentan a cualquier concurso-oposición.

Todos sabemos que muchos interinos entraron de forma digital y llevan años trabajando en la Admón. Pública, esa supuesta “experiencia” les sirve para “opositar” en cualquier organismo público diferente por la ventaja que poseen, mientras que los “libres” deben preparar oposiciones con Temarios distintos para cada uno de ellos, sin puntos. Ocurre hoy en Universidades, como en la UCM, teniendo la desfachatez de presentar un examen con preguntas que no estaban en la Convocatoria (con errores o repetidas), otras más propias de informáticos que de administrativos. También en Justicia, que convocan 7.512 plazas, de ellas 5.437 para interinos, norma impuesta, no Ley, incumplen la Constitución y discriminatorio para la gran mayoría de opositores. Puntuando la realización de cursillos impartidos por UJRC universidad envuelta en casos judiciales por mala praxis, con favores en titulaciones a personas concretas (sin presentarse), ¿ocurrirá lo mismo?

¿Qué podemos esperar?, si jueces que fueron revocados por su cercanía al partido gobernante en el caso Gürtel han sido aupados al TS y serán los que juzguen a supuestos políticos corruptos al dejar de ser diputados o senadores, que seguirán siendo beneficiados por el suplicatorio a la Cámara por delitos cometidos durante el tiempo que ocupó en cargo público. Esta forma de actuar recuerda a la Dictadura y sobre todo en los últimos meses de 1975, cuando cientos o miles de colaboracionistas y confidentes entraron en organismos de forma digital como porteros, bedeles, administrativos, conductores, en puestos intermedios o superiores; muchos se habrán jubilado, pero pudieron colocar a hijos y parientes de la misma forma, ahí siguen, son el clientelismo político para poder controlar organismos a intereses particulares. En lugar de profesionales capacitados desean serviles “caracoles”, es decir babosos y rastreros personajillos besamanos, sumisos ante cualquier jefecillo a la orden de un “mandamás político” a quien debe su puesto de trabajo.