El año 2018 finaliza con la cifra récord de contratos a personas con discapacidad

El año 2018 ha concluido con la cifra récord en contratación de personas con discapacidad, continuando con una tendencia alcista, iniciada en 2012, que ya parece imparable. Así, a 31 de diciembre de 2018 las personas con discapacidad habían firmado 116.873 contratos, un 6% más que el año anterior.

“Se trata sin duda de una cifra a celebrar, que refleja la cada vez mayor participación de las personas con discapacidad en la esfera laboral y que rompe estigmas tan arraigados como la inactividad y la dependencia”- afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

A pesar del avance en la contratación, si analizamos con detalle las cifras ofrecidas por el Servicio Público de Empleo Estatal, advertimos una circunstancia: el incremento ha tenido lugar, fundamentalmente, en el ámbito del empleo protegido (Centros Especiales de Empleo), entornos formados por un 70% de trabajadores con discapacidad, como mínimo, y diseñados para las personas con discapacidad que, en ese momento, no pueden ejercer una actividad profesional en el mercado ordinario.

A día de hoy, la legislación establece que los Centros Especiales de Empleo (CEE) han de constituir, siempre que sea posible, un trampolín hacia la empresa ordinaria, aquella en la que la persona con discapacidad desempeña un puesto de trabajo en un entorno convencional, tal como todos lo conocemos. Sin embargo, a día de hoy, esta modalidad se está convirtiendo en un fin, en lugar de constituir un medio. De hecho, un 71% de los contratos firmados por personas con discapacidad tienen lugar en el ámbito protegido. Asimismo, la contratación de personas con discapacidad se ha incrementado un 98% durante la última década, pero fundamentalmente en el ámbito protegido, cuyo peso ha pasado del 53% al 71%, mientras que en la empresa ordinaria, la proporción ha descendido del 47% al 29%. 

Según Francisco Mesonero, DG de la Fundación Adecco: “El reto es establecer, en los CEE, indicadores cuantificables de tránsito hacia el empleo ordinario. De lo contrario, se corre el riesgo de que, en lugar de constituir una excepcionalidad temporal, se perpetúen como una opción permanente, que choque con el cumplimiento legal. Asimismo, en un entorno tendente al establecimiento de Compras Responsables, los CEE deberían apostar por la excelencia en el servicio y/o suministro de productos, para dotarlos de mayor competitividad en el ámbito de la subcontratación y el outsourcing.”

Además, Mesonero añade que: “las cifras reflejan que los CEE, un sistema de protección necesario y transitorio, se están convirtiendo en una medida finalista para las personas con discapacidad. De este modo, se eclipsan los entornos ordinarios como máximos exponentes de inclusión sociolaboral y, aunque se incrementa la participación de estos profesionales en el empleo, no se avanza en la normalización de la discapacidad en nuestra sociedad. Es en la empresa ordinaria donde el concepto inclusión alcanza su plena coherencia, pues la discapacidad pasa a un segundo plano y prevalecen el talento y las competencias profesionales.

La presencia de trabajadores con discapacidad en las empresas ordinarias encuentra, además, otros obstáculos: “unas estrategias de Diversidad & Inclusión aún deficitarias y un planteamiento inadecuado en el acceso al empleo de las personas con discapacidad que, a menudo, plantean su búsqueda de trabajo una vez cumplen 18 años, sin haber adquirido previamente habilidades prelaborales que les equiparan al resto de los trabajadores y que es necesario trabajar desde edades tempranas”.