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Tras la publicación del Informe de expertos de la ONU que destaca las numerosas posibles violaciones y crímenes de guerra cometidos contra la población civil en Yemen por todas las partes en el conflicto, desde Acción contra el Hambre instamos a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que aumenten la presión sobre todas las partes en conflicto para garantizar así el respeto del derecho internacional humanitario y para poner en funcionamiento plenamente las recomendaciones del informe.
El informe del Grupo de Expertos Eminentes* describe la situación en Yemen como “un fracaso y una responsabilidad colectivos” y pide el cese inmediato de todos los actos de violencia. La continuidad de los ataques contra infraestructuras civiles como hospitales, el suministro de agua, el transporte de alimentos, así como el uso del bloqueo y el asedio, e impedir el acceso a la asistencia humanitaria no hacen sino exacerbar una desastrosa situación humanitaria.
“Este informe destaca el asombroso nivel de violaciones cometidas en Yemen por todas las partes, incluido el posible uso del hambre como arma de guerra, considerado como un crimen de guerra. Deben ponerse en marcha medidas para poner fin a estas violaciones, condenar a los responsables y proteger mejor a la población civil”, señala Manuel Sánchez-Montero, director de incidencia y relaciones institucionales en Acción contra el Hambre.
En Acción contra el Hambre respaldamos plenamente las recomendaciones del informe y pedimos responsabilidad al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se ha comprometido a actuar contra el uso del hambre como arma de guerra mediante la adopción unánime en 2018 de la resolución 2417 sobre los vínculos entre conflicto y hambre. “Es necesario que se defina y se ponga en marcha un mecanismo de alerta y verificación de las acciones bélicas que tengan como resultado la generación de hambre. Asimismo, los casos detectados por el Consejo de Seguridad deberían revisarse sistemáticamente para su tratamiento y persecución”, concluye Manuel Sánchez-Montero.
Cinco años después del comienzo del conflicto, la situación económica en Yemen está al borde del colapso y el 80% de la población necesita ayuda humanitaria y protección. El impago total o parcial de los salarios desde agosto de 2016 y la falta de empleo afectan a los ingresos y a la capacidad de la gente para adquirir alimentos y otros artículos esenciales para su supervivencia. Con la suspensión de las importaciones de bienes comerciales a través del puerto de Hodeidah, la población se enfrenta a graves dificultades en términos de disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. Alimentos y bienes de primera necesidad tienen que recorrer largas distancias para llegar a la población más vulnerable.
El acceso a los mercados también está restringido en las zonas de combate, activas en todo Yemen. Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, el 69% de todos los distritos de Yemen están amenazados por la hambruna y 3,2 millones de personas necesitan tratamiento para la desnutrición aguda.
Aunque el Derecho Humanitario Internacional prohíbe claramente la denegación arbitraria del acceso de la ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas, las organizaciones humanitarias en Yemen se enfrentan a diario a obstáculos para proporcionar dicha asistencia.
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