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El ‘caso Sintel’ cierra con el pago de 35 millones de euros a los trabajadores afectados

La empresa que compró la filial de Telefónica deposita el dinero en la Audiencia Nacional
Redacción
lunes, 17 de junio de 2013, 15:03 h (CET)


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El ‘caso Sintel’ ha llegado a su fin 17 años después con el depósito por parte de la empresa MasTec, que adquirió la filial de Telefónica, de un total de 35 millones euros en la Audiencia Nacional, un dinero con el que se pagarán las indemnizaciones a los trabajadores que se vieron afectados por la venta y posterior quiebra de la sociedad.

La familia cubano-americana Mas Canosa, a través de su empresa MasTec, ha realizado el pago en virtud del acuerdo alcanzado con los extrabajadores de Sintel. Los 35 millones de euros han sido depositado esta misma mañana en la Audiencia Nacional, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas.

La Audiencia Nacional, por lo tanto, no tendrá que celebrar el juicio que iba a dar comienzo el próximo 20 de junio.

El caso se inició en 1996, cuando Telefónica vendió Sintel al clan de los Mas Canosa. La operación de la familia del empresario cubano exiliado en Estados Unidos Jorge Mas Canosa, ya fallecido, dejó a más de 1.800 trabajadores sin empleo y un agujero patrimonial de 59,36 millones de euros.

En el banquillo de los acusados se iban a sentar los antiguos directivos de la empresa Jorge Mas Santos, Juan Carlos Mas Santos, Juan Antonio Casanova de San Simón, Ricardo Campos Dufau, José Miguel Sariego y Joel-Tomás Citrón. La Fiscalía Anticorrupción iba a pedir penas de cinco años y medio de prisión para ellos como responsables de delitos societarios, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública al considerar que fueron los responsables del vaciamiento patrimonial y posterior quiebra de Sintel.

El cierre de Sintel llevó a sus trabajadores a realizar una acampada en el Paseo de la Castellana que se prolongó durante más de seis meses.

En el banquillo de los acusados también se iban a sentar Pedro José Novela Berlín y Alfredo Flórez Plaza. El instructor del caso, el juez Santiago Pedraz, acordó a finales del año 2008 dejar fuera de la causa a seis exdirectivos de Telefónica, entre ellos los expresidentes Juan Villalonga y Cándido Velázquez, una decisión que fue confirmada por la Sala de lo Penal.

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