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Un estudio impulsado por el Observatori Ciutadà contra la Corrupció analiza 32 casos de corrupción pública enjuiciados y sentenciados por las tres audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desde la entrada en vigor del actual Código Penal en 1995. Los resultados de la investigación, elaborada por el profesor de Derecho Penal de la Universitat de València Jorge Correcher, se presentarán a las 19h de mañana miércoles 23 de octubre en el acto "Panoràmica de la corrupció al País Valencià 1995-2018", que tendrá lugar en el Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.
El objetivo del trabajo, que será editado próximamente por el Observatori como cuaderno pedagógico y cuyos resultados pueden consultarse en la web observatoricorrupcio.org/es/mapa, es analizar de forma crítica el tratamiento penal de los casos de corrupción ocurridos durante los últimos años, a partir de la jurisprudencia de los órganos judiciales valencianos. La investigación se ocupa, en concreto, de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas para el colectivo de función pública, y abusos en el ejercicio de su función; también, cuando aparecen en concurso con alguno de ellos, de los delitos de tráfico de influencias y de fraude y exacción ilegal.
De las 32 sentencias analizadas, 30 han sido condenatorias. El 66'6% (20) de ellas han supuesto penas para cargos públicos, personal de confianza o gestores de entidades o empresas del sector público; el 26,6% (8), para personal funcionario; y el 6,6% (2), para concesionarios o adjudicatarios de la administración. De las 20 sentencias condenatorias a cargos públicos, el 25% (5) se refieren a personas vinculadas al PSPV-PSOE en el momento de comisión del delito y un 65% (13), al Partido Popular, entre las que destacan las de mayores penas o impacto social o económico, como la primera pieza del caso Blasco, residuos y limpieza de Torrevieja, Emarsa, Gürtel/Fitur o la depuradora de Borriol. Un 36,6% (11) de las sentencias condenatorias penan la malversación de caudales públicos; un 30% (9), la prevaricación administrativa; un 26,6% (8), el cohecho; un 13,3% (4), las negociaciones y actividades prohibidas para el personal funcionario; un 10% (3), la prevaricación urbanística; y un 6,6% (2), el fraude y la exacción ilegal.
Los casos estudiados tuvieron lugar en la ciudad de València (7 casos) y en trece comarcas: l'Alacantí (9 casos), el Valle de Cofrentes-Ayora (3), la Vega Baja (3), la Marina Baixa (1), l'Horta Nord (1), l'Horta Sud (1), la Ribera Alta (1), el Vinalopó Mitjà (1), la Marina Alta (1), la Safor (1), el Alto Palancia (1), el Camp de Túria (1) y la Plana Alta (1). Solo resultaron absueltos los acusados en los casos del aparcamiento de los Jardines de Monforte de València y de falsedad documental en el Ayuntamiento de la Vall de Laguar.
Las audiencias provinciales o el TSJ condenaron, en cambio, a los acusados en el resto de casos: planta de hormigón en Orxeta, auditorio de Paterna, gestión de tributos municipales en Benetússer, recalificación de terrenos en Zarra, concesión de licencias de obras en Ayora, alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Fulgencio, residuos y limpieza en Torrevieja, apropiación fondos de las Hermanas Carmelitas de Orihuela, selección del secretario municipal de Rafelguaraf, cobros indebidos por el alcalde de Hondón de las Nieves, relojes del vicealcalde de València, trajes del Jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, autorizaciones ambientales indebidas por técnico de la Conselleria de Medio Ambiente, caso Emarsa, caso Gürtel/Fitur, caso Blasco (pieza primera), prevaricación administrativa del alcalde de Barx, tramitación irregular de permisos de residencia de extranjeros, matriculaciones irregulares en la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante, irregularidad en permisos de trabajo y residencia en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, apropiación de fondos de lotería en Alicante, apropiación de giros postales por un funcionario de Correos de Alicante, apropiación de fondos por un funcionario del Servei Valencià de Salut, apropiación de fondos por un recaudador municipal de Sant Vicent del Raspeig, urbanización de parcela en El Campello, telecentros municipales en Alicante, devoluciones del IVA en Alicante, concesión de la explotación de la planta embotelladora de agua de Chóvar, falsificación de datos de una empleada por el alcalde de Riba-roja de Túria, y depuradora de Borriol. No se han incluido casos como Brugal, Cártel de Fuego, Divalterra, Imelsa, IVAM, Taula o Comercio porque, a fecha de cierre del estudio, se encontraban todavía en fase de investigación, instrucción o juicio oral.
Los resultados del trabajo serán presentados mañana miércoles en el acto "Panoràmica de la Corrupció al País Valencià", que tendrá lugar a las 19 horas en el Octubre Centre de Cultura Contemporània. Intervendrán Laia Maurí y Consuelo Vidal, en representación del Observatori; Jorge Correcher, autor de la investigación; y una representante de la Agencia Valenciana Antifraude. El estudio forma parte de un proyecto cofinanciado por la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
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