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El Gobierno amenaza a Extremadura y CyL con los tribunales si pagan la extra | |||
| El caso vasco, ya en el TC, dará la pauta | |||
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El secretario de Estado y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido a los gobiernos de Extremadura y Castilla y León que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional si finalmente abonan a sus funcionarios la paga extra de Navidad que se suprimió el año pasado. Beteta ha recordado que se está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el conflicto presentado contra la decisión del Gobierno vasco de abonar esta paga el año pasado. "Entre tanto no haya este pronunciamiento, que determine la exigencia de adoptar cualquier medida sobre la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación el real decreto y no se puede abonar", ha dicho Beteta en declaraciones a los medios. El secretario de Estado se refería así al real decreto 20/2012 que suprimió esta extra en su artículo 2 y cuya aplicación es obligatoria para todas las administraciones públicas del país: central, autonómicas y locales, así como el sector público dependiente de ellas. "Cualquier actuación unilateral que se lleve a cabo por estas instituciones será recurrida por parte de la Administración del Estado por incumplimiento de este real decreto", ha insistido Beteta. Varias comunidades tomaron medidas tras la supresión de la extra de Navidad de 2012. El Gobierno vasco decidió abonársela a sus funcionarios, alegando competencias propias para ello, y otros ejecutivos como el de Navarra optaron por adelantar la extra de verano de 2013 a enero, para que ese dinero llegar en las fiestas de Navidad. En este último caso, el Gobierno advirtió que el adelanto sería posible siempre que no se compensase después la paga adelantada, es decir, que en este año los funcionarios reciban tres pagas. Recientemente, tanto los gobiernos de Extremadura como el de Castilla y León han anunciado su intención de compensar esa paga suprimida. El Ejecutivo de José Antonio Monago asegura que lo hará en 2014 y el de Juan Vicente Herrera, a plazos, para ajustarlo a las posibilidades presupuestarias. |
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