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El Consejo de Ministros ha adecuado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de 2020 a la realidad económica de España y a la situación de prórroga presupuestaria en que se encuentra el país desde enero de 2019. También ha informado del límite de gasto no financiero del Estado para 2020, que asciende a 127.609 millones de euros.
De esta forma se ponen las bases para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, que incorporarán las prioridades del Gobierno en materia de fortalecimiento de los servicios públicos, recuperación de derechos sociales y saneamiento de las cuentas públicas.
El Gobierno ha aprobado también hoy los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del período 2021-2023 que otorgan un mayor margen a las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han resaltado que se trata de una senda “realista y creíble que permite avanzar en la reducción del déficit y la deuda pública sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo”.
Con estas medidas, el Gobierno avanza en la elaboración de los Presupuestos de 2020 que, según ha destacado Montero, “pivotarán sobre el reforzamiento del Estado de bienestar, la apuesta por una transición ecológica justa, la reducción de las desigualdades y la defensa de los intereses de la clase media y trabajadora”. Asimismo, los Presupuestos contemplarán inversiones de futuro en formación profesional y digitalización.
Objetivos de déficit
Para el conjunto de las Administraciones Públicas se contempla un déficit del 1,8% del PIB en 2020. Para la Administración central, el límite es el 0,5%; para las comunidades autónomas, el 0,2%; para la Seguridad Social, el -1,1% y equilibrio presupuestario para los ayuntamientos. Si se toma como referencia el último dato de cierre presupuestario que corresponde a 2018, el mayor esfuerzo fiscal recae sobre la Administración Central, que debe reducir su déficit del 1,32% registrado en 2018 al 0,5%. Un esfuerzo de ocho décimas. La Seguridad Social, por su parte, tiene la obligación de bajar su déficit en tres décimas (del 1,44% al 1,1%). El esfuerzo exigido a las Comunidades Autónomas es menor y entre 2018 y 2020 es suficiente que reduzcan en una décima su déficit para cumplir los objetivos de estabilidad.
Respecto al período 2021-2023, el objetivo de estabilidad es del 1,5% para 2021; del 1,2% para 2022; y del 0,9% para 2023. Esta senda hace más transitable la reducción del déficit público en el actual contexto económico, al tiempo que permite al Gobierno adoptar medidas que mejoren el Estado de bienestar.
En el desglose por subsectores, la Administración central reducirá progresivamente su déficit hasta dejarlo en el 0,1% en 2023. El déficit de las Comunidades Autónomas se reducirá progresivamente una décima hasta alcanzar el equilibrio en 2022 y 2023.
Para las Entidades Locales se contempla equilibrio presupuestario en 2020 y en el periodo 2021-2023.
Finalmente, la Seguridad Social irá disminuyendo de manera más moderada su déficit hasta situarlo en el 0,8% del PIB en 2023.
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