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Oscar Tuma pide que se vayan todos | |||
| Ante la intención de usar como pretexto a la inseguridad que vive el Paraguay, ciertos grupos de poder pretenden deshacerse de manera selectiva sólo de sus adversarios políticos | |||
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Hace ya muchos siglos advertía Tucídides que no es el debate el que impide la acción, sino el hecho de no ser instruido por el debate antes de que llegue la hora de la acción. Quienes desde el poder mediático critican con virulencia la inacción de las autoridades, por lo general son los mismos que le impiden actuar dispersando el debate y clausurando todas las alternativas. Es lo que se deduce observando el debate suscitado en Paraguay a partir del asesinato del periodista Pablo Medina, que en lugar de enfocar el tema de la seguridad de los periodistas ha derivado en un intento de remover selectivamente a algunas autoridades con las cuales el monopolio mediático sostiene un enconado enfrentamiento de larga data. Tanto oportunismo recuerda cuando menos al magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien según la leyenda, llegó a provocar el estallido de una guerra para aumentar las ventas de sus diarios. En ese contexto, los medios hegemónicos y sus sectores políticos funcionales han iniciado una campaña para remover a un ministro de la Corte Suprema, aprovechando de manera oportunista la muerte del periodista Pablo Medina. Al respecto, el diputado Oscar Tuma opinó ante requerimientos de la prensa que debe iniciarse una reforma judicial, dado que el cambio de hombres no serviría de nada. En todo caso, agregó, deberían irse todos y no solo uno. "Si esta circunstancia va a generar movidas políticas en el Poder Judicial, se deben ir los 9 Ministros", esclareció. El detonante de un gran revuelo mediático ha sido el asesinato del corresponsal de ABC color tres semanas atrás, emboscado por desconocidos en un ignoto paraje del Paraguay cercano a la frontera del Brasil. Paradójicamente un crimen que debía haber generado un enfoque sobre la seguridad de los periodistas derivó en un debate que engloba a los partidos políticos, las ideologías, la narcopolítica, el narcoperiodismo, las propiedades farmacológicas de la marihuana, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral. En cuanto a la seguridad de los trabajadores de la prensa, los titulares ni siquiera se molestaron en reflejar la opinión del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Este gremio denunció que varios meses atrás había enviado una nota al director del diario ABC color pidiendo mayor seguridad para sus propios corresponsales, sin respuesta alguna. En contrapartida, el diario de Zucolillo ha puesto todas sus energías en reforzar su propio discurso político, e intentar iniciar una caza de brujas entre sus adversarios de siempre. Siguiendo la corriente al monopolio mediático, las autoridades convocaron a una “cumbre de poderes” que el diputado Tuma comparó más bien con un “confesionario de ineptitudes”. Tuma criticó a quienes toman decisiones sólo para “calmar los ánimos”, y sugirió al presidente Horacio Cartes aplicar soluciones definitivas. Señaló que el problema no sólo incluye al narcotráfico, dado que éste es sólo un síntoma de la corrupción generalizada. Recordó que hace bastante tiempo ha señalado que hace tiempo deberían haberse sumariado a varios fiscales, pero muchos de éstos son protegidos del monopolio mediático.En Paraguay la agenda judicial está marcada necesariamente por la agenda mediática, y ésta depende de los intereses de los empresarios de la prensa, en su mayoría exponentes de la vieja guardia anticomunista de la dictadura. Ayer brillaban como propagandistas de la dictadura neonazi de la misma manera que hoy se empeñan en atacar a la lucha social, satanizar a la causa bolivariana y disparar de manera permanente contra la integración regional. Este monopolio tiene sus propios corruptos, como el intendente de Asunción Arnaldo Samaniego. En ese caso es un corrupto, pero es “su” corrupto. Ese es el motivo por el cual nadie en el poder mediático se rasga las vestiduras cuando por medio de maniobres judiciales intenta eludir a la Contraloría General de la República con el evidente propósito de esconder la propia corrupción. Al respecto, Tuma es tajante: “En la función pública no hay perdón de Dios. Debe irse a su casa”. Los principales interesados en la verdad, son pues los primeros en diluir el debate dispersando ideas y abriendo infinidad de frentes. Dijo un filósofo que es inútil toda polémica si no hay esperanza de que resulte provechosa. Deberían tomar nota quienes bailan sobre un sepulcro mientras pescan en río revuelto. LAW |
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