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Padres, alumnado y administración educativa están preocupados por los tres meses que faltan para acabar el actual curso académico. Todo hay que acomodarlo a la nueva realidad y habrá que flexibilizar muchos aspectos que antes eran impensables. Recuerden que está pendiente aún la evaluación final; la promoción de curso; el desarrollo de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o la EvAU, según comunidades; la admisión en centros escolares; los concursos de traslados de los docentes y todo el proceso de admisión en centros escolares, por citar algunas de las cuestiones pendientes.
Las comunidades autónomas tienen ante sí una situación con la que nunca antes habían lidiado. Con la que está cayendo me inclino por NO regresar a los centros y, de hacerse, nunca sin desinfectarlos y hacer el test correspondiente al profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. No hacerlo es correr un riesgo innecesario e incurrir en una clara negligencia.
En caso de regresar a los centros debe ser siempre voluntario, excluyendo a los grupos de riesgo. De ahí que haya autonomías con las ideas tan claras como que “los alumnos acabarán el curso desde sus casas si así lo desean y si lo aceptan las autoridades nacionales. No se verán perjudicados en la calificación final al primar los contenidos evaluados antes de la pandemia”. Este tipo de garantías son las que preocupaban a los padres y ya las tienen.
Era la consejera de educación de una comunidad que no supera de momento la fase 0. Pero incluso iba más lejos: “Quienes hagan la EBAU, se encontrarán una prueba más flexible con notable aumento de los bloques opcionales”.
Cada consejería de educación, en coordinación con la de sanidad, deben tener muy claras las medidas que impulsará durante el estado de alarma e inmediatamente después. Ahora mismo son inviables muchas de las medidas que hace dos semanas planteaba la ministra, Isabel Celaá; con razón sus compañeros docentes le advirtieron que ya no estaba para esos trotes y que no debía aceptar el cargo de ministra.
Desde mi punto de vista, a día de hoy, la situación ocasionada por la crisis sanitaria no permite el retorno a las aulas en estos meses finales. Esto mismo es lo que se piensa en varias comunidades autónomas y así lo han expuesto los presidentes en las reuniones telemáticas con el presidente del Ejecutivo. Bien es verdad que otras “se la van a jugar” con el regreso y van a poner en peligro a la población que les ha dado su confianza. Tengan en cuenta que ahora mismo hay cuestiones que no son posibles en fase 0; hablamos de la movilidad y de cuantas limitaciones genera estar en esa fase. Me preocupa que con las medidas que se adopten profundicemos en el desequilibrio del sistema educativo.
Los exámenes finales de los diversos niveles educativos del sistema exigen mayor flexibilidad que nunca, como ya quedó expuesto al principio. Y partiendo de esa premisa hay que afrontar el protocolo y desarrollo que surja de la reunión del jueves en la Conferencia Sectorial de Educación, donde estarán la ministra y todos los consejeros y consejeras de las CC.AA. Pero ante todo, esa flexibilidad debe albergar disparidad: pensemos que el 51% de los territorios ya han pasado a fase 1.
Las autonomías que más me preocupan por seguir en fase 0, y que también deberían preocupar al Ejecutivo, son en este momento Madrid, Cataluña y Castilla y León. No menos preocupación deben generar Rioja y Navarra que han pasado a la fase 1, pero con peores datos que Madrid y Barcelona, en función de sospechosas y desconcertantes maniobras del desnortado Gobierno socialcomunista.
Las condiciones de seguridad para realizar exámenes del tipo que sea, en caso de ser presenciales, requieren de una especificidad especial que no va a ser fácil de mantener en muchos casos. Para tranquilidad de los padres, según he escuchado a una consejera de educación: “la calificación final atenderá al carácter continuo, diagnóstico y formativo a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades de este periodo, siempre que favorezcan al alumnado”. A esto se llama generar tranquilidad y certidumbre ante la mal llamada “nueva normalidad”.
Todo lo que se haya llevado a cabo durante este último trimestre debe ser añadido y nunca resultar un freno o perjuicio. Ni profesorado ni alumnado son culpables de la situación. Me quedo con la afirmación de un parlamentario de mi comunidad en el sentido de que “Ojalá el Gobierno actuara con la misma transparencia con la que han actuado las autonomías, porque la transparencia también es lealtad”.
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