La juez del caso ITV citará en
enero como imputado al
exdiputado de CiU en el Parlament
Oriol Pujol --aunque esta nueva
imputación aún no está
formalizada-- por un presunto
delito de cohecho y otro
continuado de falsificación en
documento mercantil por su papel en varias
operaciones empresariales, al margen de la
acusación ya existente sobre la supuesta adjudicación irregular de las estaciones.
En un escrito al que ha accedido Europa Press y presentado este miércoles a la juez en
una reunión de las partes para concretar la nueva imputación --este encuentro es obligado
en casos tramitados por jurado--, el fiscal sostiene que el empresario Sergi Alsina y la
mujer de Pujol, Anna Vidal, simularon contratos para ocultar que quien en realidad
cobraba era el político por su "inestimable" colaboración y uso de su posición.
También a petición del fiscal, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia
López Mejía, citará a declarar a nueve testigos; entre ellos, al presidente de la Diputación
de Barcelona y alcalde de Martorell, Salvador Esteve; al presidente del Consejo de Trabajo
Económico y Social de Cataluña (CTESC), Lluís Franco, y a varios empresarios.
El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado sostiene en su escrito que Alsina, entre
finales de 2010 y marzo de 2012, fue contratado por diversas empresas para realizar
labores de intermediación en operaciones mercantiles, con lo que este, a su vez, simuló la
contratación de Vidal "en concepto de asesoría, retribuyéndose generosamente".
Sin embargo, los servicios que realmente pagaba Alsina eran presuntamente los que
prestaba Oriol Pujol, "quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio
propio y de los otros dos imputados"--su mujer y el empresario--, sostiene el fiscal.
Así, Alsina contaba con su "indudable apoyo político" en el Parlament y en la Generalitat,
supuestamente a cambio de pagos que ingresaba en las cuentas bancarias de su mujer
simulando una labor de asesoramiento de esta en las operaciones empresariales; el importe total de las facturas giradas y cobradas por Vidal por los servicios aparentemente
contratados y no prestados en los años 2008, y de 2010 a 2012, fue de 499.060 euros.
Las operaciones que contrataron a Alsina y en las que simularon la participación de Vidal
fueron, entre otras, la venta de la planta de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en
2010, en la que se encargó a Alsina que le ayudase a buscar un comprador; la mujer de
Pujol "se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias sobre las
empresas candidatas, fácilmente obtenibles en internet", según el fiscal.
Quien realmente trabajó en las negociaciones fue Oriol Pujol: hablando con los dueños de
uno de los interesados en la compra, facilitando el acceso al presidente de la Generalitat,
el director de la Agencia Tributaria Catalana y altos cargos de la Conselleria de Industria, y
lo hizo "coordinando llamadas y actuaciones con el imputado Sergi Alsina, o incluso
fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación".
"Gracias a la labor fundamental del imputado Oriol Pujol, la operación mercantil para la
que fue contratada la empresa del imputado Sergi Alsina, tuvo el éxito esperado",
concluye el fiscal.
Alsina también fue contratado para crear un parque de proveedores de Seat en Sant
Esteve Sesrovires (Barcelona) y para promover una carpa en las instalaciones de la firma
automovilística en Martorell (Barcelona); una vez más, Vidal "se limitó a aportar
información manuscrita con apuntes y referencias, al margen de copiar elaborada por
otras personas, carente de valor".
Fue Oriol Pujol quien "intervino directa o indirectamente ante el alcalde de Martorell para
la consecución de los fines perseguidos": la recalificación de terrenos para uso industrial
en las proximidades de la planta y la adjudicación con concurso público restringido de la
carpa.
En el caso de Yamaha --que decidió trasladar en 2011 sus activos-- la sociedad contrató a
Alsina, y la participación de Oriol Pujol también fue beneficiosa para los acusados: facilitó
contactos con altos cargos de la Conselleria de Industria y con el directo de la Agencia
Tributaria Catalana.
Por otra parte, Sony había decidido trasladar sus activos, para lo que contrató también a
Alsina para ayudarle a buscar un comprador; en esta operación, también contactó, al
menos, con el director de la Agencia Tributaria Catalana "a fin de obtener beneficios
fiscales para la operación".
TESTIGOS
Por petición del fiscal, a la que se ha unido la acusación popular Manos Limpias, la juez
citará además a dos empleados de Alta Partners --la asesoría de Alsina--, a directivos de
Seat, y a los presidentes de Cirsa y del Grupo Sesé.
La juez ha fechado para enero las declaraciones, primero de los imputados y luego de los
testigos, y ha fijado tres fechas para las comparecencias --12, 13 y 26 de enero-- aunque
aún no se ha concretado cuándo comparecerá cada uno.
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