El juez instructor del caso Nóos, José Castro, proclama en su auto de
apertura de juicio oral, en el que ha acordado sentar en el banquillo a la
Infanta Cristina por dos presuntos delitos fiscales, que "lo que tú
defraudas, lo pagamos todos", aseverando cómo la propia Agencia
Tributaria ha impulsado en los últimos años "eslóganes" y campañas
como "Hacienda somos todos" con el objetivo de evitar conductas
ilícitas contra el fisco.
En su resolución, Castro recalca cómo "se decidió llevar a cabo unas
amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria" entre las que destaca, "por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces
cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un
diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'Lo que tú defraudas, lo pagamos todos'".
"Ello no es óbice a que sea la Agencia Tributaria quien, como gestora de los fondos
públicos que los contribuyentes han puesto a su disposición", incide Castro, "se persone a
través de la Abogacía del Estado al no poder hacerlo directamente los ciudadanos, a
quienes les resultaría de imposible cuantificación el perjuicio que para cada uno de ellos
ha representado la picaresca fiscal".
No obstante, en este caso Hacienda siempre ha sostenido, junto a la Fiscalía
Anticorrupción, que la hermana del Rey Felipe VI no ha incurrido en responsabilidad penal
alguna, por lo que sólo es Manos Limpias la que reclama pena de cárcel para la Duquesa,
más en concreto ocho años de cárcel.
Es por ello, sobre el hecho de que debiera o no enviar a juicio a la Duquesa al únicamente
ser acusada por quien ejerce la acción popular, señala que Manos Limpias está
"absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura del juicio oral" con
independencia de que de ello "se hayan abstenido" el Ministerio Fiscal y la Abogacía del
Estado.
LA DOCTRINA BOTÍN NO ES APLICABLE A ESTE CASO
El juez alega así que no es aplicable a este caso la denominada doctrina Botín, que
impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acusación popular y no la Fiscalía o el
perjudicado por los hechos, al señalar que no sólo Cristina de Borbón se enfrenta a los dos
delitos fiscales sino también su marido, Iñaki Urdangarin, y a él sí que le acusan de los
mismos.
En concreto, Castro considera a la Infanta cooperadora necesaria de dos delitos
fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido defraudase
hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de
la que ambos son propietarios.
En este sentido, el juez apunta a que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que
Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades
económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas
entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su
declaración de la renta de 2007 y 2008.
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