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El Gobierno asegura frente al canon a las bibliotecas públicas que no se obliga a pagar a autores ni a usuarios | |||
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El Gobierno asegura frente al canon a las bibliotecas públicas puesto en marcha este mes de agosto que no ha habido cambios que obliguen a las mismas a pagar a los autores, ni tampoco los usuarios van a tener que pagar a las bibliotecas cuando quieran hacer uso del servicio de préstamo. Así se desprende de una respuesta del Gobierno en el Congreso a la diputada del BNG Rosana Pérez, que ha sido recogida por Europa Press, y en la que también el Ejecutivo resalta que la biblioteca pública no cobra por acceder a la misma o por los servicios que presta, ya que ello iría en contra su filosofía basada en el "principio fundamental de estar a disposición del conjunto de los ciudadano, sin discriminación de ninguna clase". Pérez recuerda que el pasado 1 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el decreto 624/2014, de 18 de julio, que recoge la obligación de pagar por el préstamo de libros en bibliotecas, museos y archivos; una norma que "asume sin rechistar" una directiva de la UE, que establece que en las bibliotecas de poblaciones de más de 5.000 habitantes, se deberá pagar un canon por los libros prestados. La nacionalista gallega preguntaba así al Gobierno por las razones que le habían llevado a establecer esta tasa, a pesar de tratarse de una directiva europea pensada para países del norte de Europa "con una red de bibliotecas ejemplar". "¿No cree que no es adecuada para el Estado español donde las políticas públicas en el campo de la cultura son ya de por si muy deficientes? ¿No supone esta decisión un duro golpe para las maltrechas economías de las bibliotecas públicas, especialmente las municipales? ¿No va a suponer este canon un revés para la promoción y el acceso universal a la cultura, especialmente a los libros?", preguntaba la diputada gallega. 4.771 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Según recuerda, en España hay 4.771 bibliotecas públicas y unos 80 bibliobuses. El Estado es titular de 53 bibliotecas (aunque sólo gestiona una, la Biblioteca Nacional) y las comunidades de 70. Además, puntualiza que la inmensa mayoría de las bibliotecas son municipales, aunque la ley sólo afecta a las que están situadas en localidades de más de 5.000 habitantes (unas 1.300). En principio, señala que la normativa implica que los usuarios podrán continuar sacando libros prestados sin coste para sus bolsillos pero resulta que por cada libro que se preste o cada usuario registrado, la biblioteca pública tendrá que abonar a las asociaciones de autores una cantidad determinada, que parte de los fondos públicos. "Se producirán situaciones tan kafkianas como que las bibliotecas que más libros prestan verán agotarse sus fondos económicos para poder renovar sus colecciones, lo que pone en entredicho su futuro porque se verán obligadas a optar por prestar libros, pagar el canon y no actualizar sus fondos por falta de presupuesto, o por desistir de su función y dejar de prestar libros a fin de poder renovar sus fondos bibliográficos", lamenta Pérez. Es más, critica que, "se mire por donde se mire" las consecuencias van a ser "muy negativas" para la red de bibliotecas públicas y, en consecuencia, para el conjunto de los ciudadanos. "El decreto determina el pago de derechos de cada autor en base al pago de un canon por préstamo. Establece el cobro de 0,004 euros por préstamo realizado y 0,05 euros por persona usuaria de las bibliotecas. Además, señala que mientras no se pueda aplicar el pago por préstamo, se establecerá un canon de 0,16 euros por obra adquirida por la biblioteca y disponible para ser prestada", apostilla la diputada del BNG. De esta manera, sentencia que la norma del Gobierno "obvia por completo" situaciones específicas como la de Galicia, donde no existe un carnet de usuario único y donde muchos usuarios son socios de más de una biblioteca. "Con lo cual, por una misma persona se pagará varias veces. Consideramos la decisión del Gobierno un ataque sin precedentes a las bibliotecas públicas, a la cultura en definitiva y se ataca a la ya de por sí maltrecha economía de los ayuntamientos, que son quienes más invierten en la red de bibliotecas municipales", agrega. De igual modo, advierte de que el sector de la edición no va a ser ajeno a las consecuencias porque la normativa les perjudicará "enormemente", a lo que habría que sumar el 21% del IVA a la cultura. En este sentido, recuerda que editores gallegos denunciaron ya en enero pasado que el sector de la edición gallega perdió desde 2008 el 38% de su empleo directo, y alertaba de los "perniciosos efectos" por la "reducción drástica" de fondos destinados a la adquisición de novedades editoriales para bibliotecas públicas (un 64,8% menos) y de las ayudas para materiales didácticos en lengua galega (un 75% menos). LA OBLIGACIÓN DE PAGO ESTÁ DESDE 2007 En este sentido, el Gobierno señala que la obligación del pago a los autores por el concepto aludido está presente en el ordenamiento jurídico desde 2007, a través de la Ley de ese mismo año de la lectura, el libro y las bibliotecas, a través de la cual establecía de manera transitoria hasta la aprobación de un real decreto, un método de cálculo de la cuantía a remunerar. "Su presencia en nuestras leyes viene determinada por la Unión Europea, concretamente por la directiva de 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. En esa directiva se imponía a los estados miembros la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor", agrega el Ejecutivo. En conclusión, sentencia que desde 2007 los titulares de las bibliotecas públicas tienen la obligación de compensar a los autores cuando sus obras son prestadas y desde ese año estaba pendiente de aprobar el decreto que desarrollara ese método de cálculo. "Ése ha sido el objeto del decreto por el que se desarrolla el derecho de remuneración de los autores de los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público", insiste el Gobierno. |
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