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Mi anterior artículo lo encabezaba preguntando si entendemos la democracia como diálogo o enfrentamiento y lo terminaba indicando la necesidad de reflexionar sobre los derechos y libertades de nuestra constitución
Me dispongo a escribir al día siguiente de las elecciones en Cataluña, cuyos resultados no parece que ilustren la existencia de ningún diálogo sino de múltiples enfrentamientos entre los partidos que han concurrido a los comicios y el posible ocaso de la constitución de 1978 por desaparición de España como sujeto que puede desaparecer troceada por independentismos problemáticos.
Sin duda la ilusión de 1978 de poder organizar una convivencia fructífera se vino abajo con la inclusión de su título VIII que abrió la puerta a una organización territorial, creándose nada menos que 17 autonomías que se nutrieron del desguace de la administración central y fomentaron que determinados territorios, que ya habían mostrado su desafecto por una España total en anteriores ocasiones, se dedicaran a conseguir su independencia con métodos violentos o partidistas.
Los derechos y libertades que reconocía la constitución a todos los españoles poco podían funcionar si unos trozos importantes de su territorio decidieron declarar su ansia feroz de independencia.
Los sucesivos gobiernos de la nación han abordado los problemas de las autonomías con ansias de independencia con desigual fortuna. El país vasco organizó la resistencia de ETA asesinando a mucha gente. El país catalán ha optado desde los tiempos del ex honorable Pujol en denigrar a los andaluces como “hombres poco hechos” o forzarlos a aprender su lengua. Lo mismo han hecho los gallegos, los mallorquines o los valencianos.
El actual gobierno ha buscado aliados entre todos los independentistas otorgando pingües beneficios económicos para sus territorios a cambio de sus votos para mantenerse en la Moncloa.
Desde luego no podemos decir que nuestra democracia sea una forma de diálogo cuando se ha llegado hasta a renunciar al español como lengua unificadora y al derecho a la educación de las familias por el adoctrinamiento más descarado y a preferir a emigrantes africanos a los españoles de otras regiones.
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás que se declaran en el art. 10 del Título I de la Constitución, el art. 14 que establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
Los que me lean pueden responderse sobre todo ello, así como del cumplimiento de lo que establecen los artículos 15 al 54 sobre derechos y libertades de los españoles. El texto de la constitución está al alcance de cualquiera.
Parece claro que nuestra democracia puede consistir en un equilibrio inestable concebido por algunas mentes “privilegiadas”, pero está más lejos del diálogo que del enfrentamiento. A todos nos va la paz y la tranquilidad si no hacemos lo que esté en nuestra mano para evitar males mayores.
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