España es un país soberano, una nación reconocida internacionalmente, con un Gobierno central y una Constitución que establece su estructura territorial. Dentro de España, existen 17 comunidades autónomas, cada una con un grado significativo de autogobierno, pero todas bajo la unidad del Estado español. Entre ellas se encuentra Cataluña, una comunidad autónoma con su propia identidad cultural y lingüística, pero que no es un país independiente.

Como regalo al Día Internacional de la Mujer, el Congreso peruano consignó en la constitución la firma del único dictador del mundo que electrocutó a su esposa y primera dama, además de haber sido el único tirano peruano que esterilizó forzosamente a cientos de miles de sus conciudadanas.

Jamás pensé que llegaríamos a esta situación política, porque siempre hubo más o menos entendimiento entre los partidos, defendiendo la constitución que tantos años de tranquilidad nos ha dado, y pensando en el bienestar de todos españoles, de la sociedad en su conjunto con sus discrepancias y afinidades, respetando la idiosincrasia de las distintas regiones (comunidades) con sus tradiciones y lenguas, sin imposiciones.

El líder de los grupos armados que derrocaron el largo régimen del dictador sirio Bashar al-Assad afirma que la celebración de elecciones en Siria podría tardar unos cuatro años. Ahmed al-Sharaa hizo estos comentarios durante una entrevista que mantuvo con la cadena saudí Al Arabiya, en la que afirmó que llevará tiempo organizar un nuevo censo y hasta tres años para redactar una nueva Constitución.

La Constitución Española, en su artículo 40.2, establece con toda solemnidad que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Y este mandato no es una proclama vacía sino es uno de los principios rectores de la política social y económica del país.

El 6 de diciembre de 1978, hace ya cuarenta y seis años, siete diputados de diferentes e incluso opuestas ideologías, que se habían conjurado para superar el trauma histórico de una fallida República, una cruenta guerra civil y una dictadura, presentaron ante la sociedad española el resultado de un difícil trabajo que inició su andadura el 22 de agosto de 1977 y que fructificó en la Constitución más longeva de nuestra historia.

En los últimos 50 años, nunca como ahora, la ignorancia, la degradación y el oportunismo llegaron tan alto, ni nuestras instituciones cayeron tan bajo; parece que los cimientos de la decencia han sido socavados por trepadores de toda índole. Las instituciones no tienen alma propia; son simplemente espejos que reflejan el carácter y los valores de quienes las componen.

Cataluña formaba parte del Reino de Aragón en la Edad Media. El condado de Barcelona se unió al Reino de Aragón en 1137 mediante el matrimonio de Ramón Berenguer, conde de Barcelona y Petronila de Aragón. Con el tiempo, Cataluña fue desarrollando una identidad cultural y política propia dentro de la Corona de Aragón, pero siempre estuvo vinculada a la monarquía aragonesa y posteriormente a la monarquía española, tras la unión de los Reyes Católicos en 1469.

España ha enfrentado desafíos en la lucha contra la corrupción y la UE hasta ahora han valorado positivamente las recomendaciones realizadas por el país, sin embargo, aún existen asignaturas pendientes. La Constitución española establece valores fundamentales como la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

La política española ha sido moldeada por una Constitución que, si bien ha traído estabilidad y democracia, también ha generado críticas y desafíos. Una de las principales preocupaciones es el sistema de representación, que favorece a los partidos sobre los ciudadanos y dificulta la rendición de cuentas.

El concepto de autodeterminación que maneja y considera una parte de la ciudadanía catalana es erróneo. Porque en Cataluña no se cumplen las condiciones, como sucede en el caso de las antiguas colonias, que se convirtieron en Estados.  El derecho de autogobierno está reconocido, ya que la nacionalidad catalana está amparada por la Constitución española y se expresa desde una perspectiva autonómica.

El Instituto de España celebrará mañana, 6 de marzo, su segunda sesión del ciclo inter-académico que celebra esta institución, en la que están integradas diez reales academias, y que tiene como centro la Constitución de 1978, la cual, precisamente, cumplió el pasado 29 de diciembre 45 años desde que entró en vigor.

Como es de general conocimiento, el 18 de enero de este año el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución de 1978 para sustituir la palabra «disminuidos» por la locución «personas discapacitadas». Y el día 25 del mismo mes el Senado hizo lo propio.

En la práctica, el constitucionalismo es un producto jurídico ideado por los antiguos representantes del gran capital para ilusionar a las gentes y manejar entre bastidores su destino. Sirvió de fundamento a lo que se bautizó como Estado de Derecho. Atento al principio del imperio de la ley, esta pasó a ser el alma del sistema, un producto maleable que atendía, en teoría, al interés general, pero venía afectada por intereses particulares.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), se suma a las reivindicaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), al exigir a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el apoyo unánime a la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de eliminar la palabra ‘disminuidos’ y todo lo que ello conlleva en la Carta Magna y su ejecución.

Vivimos tiempos convulsos para la política española. Pasan las semanas y el PP y sus corifeos de la Brunete Mediática, la cúpula judicial de la Brigada Aranzadi y los fieles de la “adoración nocturna” junto con los seguidores del rosario en familia para salvar a España de una muerte y una ruptura anunciada, están mareando la perdiz con la cantinela de “España se rompe” con la intención de alcanzar la presidencia del Gobierno.

A pesar de los ataques encubiertos que desde hace cinco años viene recibiendo, la Constitución aún resiste y ha logrado cumplir 45 años. Es una de las más jóvenes del mundo occidental, y podría decirse que de las más estables, de no ser por el decidido empeño del presidente del Gobierno en avalar las tesis que indefectiblemente nos conducen a la desmembración del país.

El próximo 6 de diciembre se celebra el día de la Constitución. El real decreto que en 1983 instituye dicha fiesta persigue  “solemnizar adecuadamente su aniversario”. ¿Algo que objetar? Nada, salvo apuntar que las conmemoraciones tienen una raíz histórica, y que “historia” etimológicamente significa investigación. Cuando festejamos estas cosas ¿hay una finalidad más allá de las pompas? Maquiavelo decía que “todo aquel que desea saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido”.

Creo, sinceramente, que sólo existen tres armas para poder descubrir y destruir el avasallamiento, y conseguir, de esa forma, una realidad social justa que predomine en una democracia moderna: el careo, primero, las manifestaciones pacíficas, segundo y, llegado el caso, la desobediencia civil.

Cuando se van agotando los cursos de enseñanza obligatoria, los jóvenes van preguntándose cuántas carreras existen, sus dificultades, sus salidas profesionales y sus posibles emolumentos. Cuando los políticos comienzan a dar los primeros pasos de la larga andadura de esa profesión, nunca imaginan que, pasados los años colmados de experiencia, su carrera se convierte en un sinvivir angustioso.