​Malos tiempos

(Dedico este texto a mi gran y viejo amigo Manuel Rueda Aguilocho que me pidió mi opinión sobre estos temas).

Dijo Montesquieu en El espíritu de las leyes que la corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por la de los principios. No me gustaría que el gobierno que actualmente tiene España terminara hundido bajo el peso de los principios que parece se empeña en desmoronar, pero a veces me temo lo peor.

El artículo 134.3 de la Constitución establece: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Y en el apartado 4 señala que «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

En contra de ese mandato explícito, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que no presentará proyecto alguno porque, sin tener mayoría asegurada, sería «una pérdida de tiempo».

No creo que haya que ser un reputado jurista para entender que esto último es una desobediencia explícita de lo que dice la Constitución. Al menos, a mí me lo parece, aunque someto mi opinión a cualquier otro criterio mejor fundado que el mío.

Por otro lado, el artículo 24 de la Constitución establece: «Todas las personas tienen derecho (…) a la presunción de inocencia».

Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero afirma: «Qué vergüenza (…) que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer».

Imagino que la decisión del presidente Sánchez se valorará en su momento en el Tribunal Constitucional (una magistratura, por cierto, que tanto el Partido Popular como el PSOE han ido conformando desde que se creó con evidente fraude de ley, porque la Constitución no estableció mayorías cualificadas para que se repartieran los puestos en función del resultado electoral prevaleciente, sino para que estuviese formado por juristas de garantizada independencia, lo que no es el caso, cuando la elección de los magistrados responde a cuotas de partido). Sobre las palabras de la ministra, por el contrario, no habrá pronunciamiento legal alguno, me imagino. Lo que ha recibido son los aplausos de sus compañeras y compañeros de militancia.

A mí me cuesta decirlo, pero lo digo porque es lo que pienso: ese tipo de decisiones y opiniones son incompatibles con la democracia y el respeto a las leyes. Si la Constitución dice que hay que presentar el Proyecto de Presupuestos, hay que presentarlo y, en el caso de que no se aprueben, se sigue luchando por mantener de la mejor manera posible el proyecto que se desea llevar a cabo desde el gobierno. Y la opinión de la vicepresidenta y ministra me parece que es una aberración, puro combustible para alimentar la expansión de la extrema derecha y el rechazo a las ideas progresistas y a las instituciones democráticas. Su fundamento (hay que creer siempre a las mujeres porque siempre dicen la verdad) es un principio que no se sostiene en la experiencia, ni en la razón, ni en lo que sabemos a ciencia cierta sobre la naturaleza humana y nuestras sociedades. Tratar de cimentar la lucha por la igualdad en la demolición de los principios más elementales de ley, el sentido común y la convivencia me parece una tarea no sólo inútil, sino incluso peligrosa porque alienta reacciones simétricas de la misma naturaleza, viscerales e igualmente contrarias a la democracia y la razón, sectarias y, por tanto, enemigas de esa «salud contagiosa» que Alberto Moravia decía que es el sentido común.

Malos tiempos. Y lo peor, al menos para mí, es que los están sembrando también quienes yo esperaba que iban a mejorarlos.