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La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), y sus asociaciones, junto con otros representantes del sector de la construcción, han mostrado su disconformidad con algunos aspectos del texto final de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regresa al Congreso de los Diputados, tras su modificación en el Senado. Una Ley que, en su opinión, aunque va en la buena dirección, no responde a los retos de la transición energética en España, al no adoptar medidas que tengan impacto a largo plazo, como debería ser si realmente nuestro país quiere dar un impulso a la mejora del parque edificatorio y reducir las necesidades de consumo energético de la población: un desafío no sólo medioambiental sino también fundamental para poder hacer frente al problema cada vez más acuciante de la pobreza energética.
Concretamente, el artículo 8.2 de la LCCTE establece que, “los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios deberán tener la menor huella de carbono posible a fin de disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del edificio”. Sin embargo, no se considera la huella de carbono desde el punto de vista de los consumos energéticos del edificio, sino sólo del impacto de los materiales específicos que lo componen. Desde CEPCO, y las diferentes asociaciones del sector, apuntan que, según datos oficiales, el parque de edificios en España es responsable de aproximadamente el 30% del consumo de energía final, y de un tercio de las emisiones de CO2. Una realidad que se suma al continuo aumento de la factura energética de las familias, muchas de las cuales tienen problemas para afrontar unos gastos desproporcionadamente altos respecto a sus ingresos. Además, desde esta Confederación afirman que “Son cuestiones de gran alcance que, la aplicación del articulado tal y como está redactado, pueden llevar al efecto contrario perseguido por la futura Ley sobre reducción de emisiones para el año 2030 y 2050 en el sector de la edificación”
En ese sentido, según datos de la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA), y sólo en materia de aislamiento, la adopción de los materiales adecuados en los procesos de construcción o de rehabilitación de un edificio puede evitar la emisión de 200 toneladas de CO2. La misma cantidad que consumirían 200 árboles a lo largo del mismo periodo de tiempo. Es decir, las leyes deben servir no sólo para regular la forma con la que se construyen los edificios sino también las técnicas y los materiales que se utilicen, con vistas a garantizar el máximo ahorro energético por parte de las familias. Con este fin, esa Asociación considera que, si nuestro país quiere una mejora efectiva en estos términos, “Los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios deben contribuir a la disminución de las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del edificio a lo largo del ciclo de vida de dicha actuación o edificio”.
Según las estimaciones de la organización ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas) sobre los ahorros económicos ligados a la reducción de emisiones por sustitución de carpinterías en las viviendas, estos llegarían a cifras en torno a un ahorro de 4 millones de euros anuales actuando en 200.000 viviendas anuales, el ritmo que se ha seguido en los últimos años en España.
Por otra parte, desde las organizaciones firmantes, se considera necesaria la modificación del artículo 8.5 de la citada ley, que establece que “las Administraciones Públicas podrán establecer incentivos que favorezcan la consecución de los objetivos previstos en este artículo, con especial atención a la introducción de las energías renovables en la rehabilitación de viviendas fomentando el autoconsumo, las instalaciones de pequeña potencia, la calefacción y la refrigeración cero emisiones”. Una ambición nada desdeñable, pero que ignora que el principio básico para mejorar la eficiencia energética en un edificio consiste en limitar al máximo la demanda energética del mismo, partiendo de un buen diseño del edificio en caso de obra nueva o reformas integrales. O, dicho de otra manera, la solución al estado deficiente del parque actual de edificios en España no pasa únicamente por sustituir el tipo de energía que se consume, sino por reducir el consumo total del edificio, primando las nuevas formas de construcción y de rehabilitación. Desde CEPCO apuntan que “esta Ley debería estar alineada con los principios de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación que jerarquiza las intervenciones energéticas sobre los edificios: limitación de la demanda energética, mejora de las medidas pasivas y, finalmente, dimensionamiento de los equipos de climatización.
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