MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Amnistía Internacional ha publicado un informe este martes en el que denuncia la ineficacia de los más de 235 kilómetros de vallas levantadas en la Unión Europea con más de 175 millones de euros para contener a migrantes y refugiados, que sólo ha servido para desviar los flujos a rutas más peligrosas y provocar más muerte.
El informe 'Miedo y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas' es fruto de trabajo de campo realizado desde 2013 en las principales rutas camino de la UE y concluye que los Estados miembros "parecen estar haciendo todo lo que está en su mano para evitar cualquier compromiso con los refugiados, tratando de eludir toda responsabilidad, asegurándose de que no entren en territorio bajo su jurisdicción".
En total, los Estados miembros de la UE han construido más de 235 km de vallas en las fronteras exteriores de la UE que han costado más de 175 millones de euros, incluidas una valla de 175 km en la frontera entre Hungría y Serbia, otra de 30 km entre Bulgaria y Turquía que crecerá en 130 kilómetros más; los 18,7 km de vallas Ceuta y Melilla y la de 10,5 km que se levanta en Evros, en la frontera entre Grecia y Turquía.
Sin embargo, la organización asegura que "en vez de detener la afluencia de gente, sólo se ha conseguido redirigir los flujos de refugiados hacia otras rutas terrestres o marítimas más peligrosas": Hasta noviembre de 2015 llegaron por mar a la UE 792.883 personas, frente a las 280.000 que lo hicieron por tierra y por mar en todo el año anterior. Hasta septiembre se contaban más de 3.000 muertos en el Mediterráneo y 512 en el Ejeo, frente a los 3.500 de todo 2014.
ESTRECHO-CANARIAS-CEUTA Y MELILLA El informe sitúa los esfuerzos de España desde la década de los 90 para frenar la migración hacia sus costas como el primero de los que llegarían después en otros países de la UE y expone cómo a medida que se iban cerrando acuerdos de colaboración con terceros países y desplegando mecanismos de vigilancia en las costas (SIVE) el flujo de migrantes se iba desplazando otras rutas: Del Estrecho a Canarias, de Canarias a Ceuta y Melilla. De allí, al Mediterráneo central.
Sobre las vallas, 18,7 kilómetros entre las dos que se han venido reforzando desde su colocación, indica con datos oficiales que el importe de la instalación y el mantenimiento entre 2005 y 2013 fue de 47.927.961,76 euros en el caso de Melilla y de 24.669.835,90 euros en el de Ceuta, es decir, 22.086,34 euros al día durante ocho años sin incluir los gastos de personal.
Conforme explica, en esas vallas se devolvía de forma sumaria a Marruecos a quienes intentaban saltar el perímetro, algo que, tal y como denuncia el informe, no es exclusiva de España. "Lo que diferencia las devoluciones 'en caliente' de España de las que AI ha denunciado anteriormente en Bulgaria y Grecia es que el gobierno español no trata de ocultarlas, sino que intenta convencer al mundo de que son legales y no vulneran la legislación ni sus obligaciones internacionales", añade.
El informe recuerda que de hecho, las ha incluido en la Ley de Extranjería bajo una nueva figura jurídica denominada "rechazo en frontera". "Las autoridades españolas están dispuestas a redefinir dónde empieza el territorio español caso por caso, tratando de eludir sus obligaciones internacionales", denuncia Amnistía.
"DONDE HAY VALLAS, HAY ABUSOS" "Donde hay vallas, hay abusos contra los derechos humanos. Las devoluciones ilegales en la frontera de solicitantes de asilo sin el debido procedimiento se han convertido en una característica intrínseca de cualquier frontera exterior de la UE situada en las grandes rutas migratorias, y nadie hace demasiado para ponerles fin", afirma el director del Programa Regional para Europa y Asia Central de AI, John Dalhuisen.
El informe denuncia devoluciones "constantes" de este tipo entre Bulgaria y Turquía y desde septiembre, entre Hungría y Serbia, así como entre Grecia y Turquía, donde tuvo lugar la de un joven sirio de 31 años cuyo testimonio recoge. "Nos llevaron a la orilla del río y nos ordenaron ponernos de rodillas. Allí había más personas a las que iban a enviar de vuelta a Turquía (...) empezaron a darnos puñetazos y patadas mientras yacíamos en el suelo. Me agarraron por el pelo y empezaron a empujarme hacia el río", relata.
Sobre las de Ceuta y Melilla, expone que las 15 personas que habían intentado saltar las vallas con las que se entrevistaron habían padecido o haber presenciado violencia desproporcionada tanto de las fuerzas marroquíes como de las españolas. Dice que España "es directamente responsable de cualquier acto de violencia que sufran las personas migrantes y refugiadas cuando las autoridades españolas las devuelven sumariamente a Marruecos".
"España está implicada en cualquier violación de derechos humanos incluido el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes que tenga lugar en territorio español en presencia de las autoridades españolas o con su ayuda", afirma, para incidir en que "se arriesga a ser legalmente responsable del uso excesivo de la fuerza" que ellos empleen.
"PAÍSES GUARDABARRERAS" AI advierte también que al igual que España ha venido colaborando con Marruecos pese a "ser cómplice del maltrato" y no contar aún con un sistema sólido de protección internacional, la UE ahora apuesta por involucrar a Turquía para que impida la migración "haciendo la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos a las que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes en este país".
"La UE no debe recurrir a países que no pueden o no saben respetar los derechos de las personas refugiadas y migrantes para que le hagan el trabajo sucio. Los países vecinos deben recibir ayuda para desarrollar sistemas de asilo y recepción. La UE no debe servirse de ellos, ignorando alegremente las consecuencias que esto tiene para refugiados y migrantes", añade Dalhuisen.
La organización reclama que se abran rutas seguras y legales, se impulsen el reasentamiento, la reunificación familiar y los visados humanitarios; que se garantice que los refugiados tienen acceso al territorio y al asilo en las fronteras exteriores de la UE, que se ponga fin a las devoluciones sin procedimiento y se realicen investigaciones eficaces de posibles abusos, entre otras medidas, como incrementar la capacidad de recepción y ayuda humanitaria de forma significativa.
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