​Impugnación del proceso de estabilización

En relación con el fraude de ley y abuso de temporalidad que han sufrido miles de docentes de la Enseñanza Secundaria en España, aunque la ley 20/2021 indicaba que había que sacar todas las plazas en fraude con anterioridad al 2016, esto no se ha realizado en bastantes Comunidades Autónomas.

De esta forma, los concursos de méritos no son tales, ya que se trata de una especie de competición para lograr las plazas fijas que se ofrecen, que no son todas las que deberían ser. Existe tal maraña administrativa de interpretaciones, que no se ajustan a lo dictado por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la situación es de desamparo para los docentes afectados, que son muchísimos en todo el territorio español.

La Confederación de STEs-i ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 270/2022, ya que este sindicato considera discriminatorio el baremo de méritos, porque limita las posibilidades de consolidación del profesorado interino que tiene derecho a hacerlo, ya que no son números sino personas. No se cumple la directiva europea 1999/70 y tampoco las sentencias posteriores del TJUE.

Desde distintas plataformas y sindicatos se está impulsando la impugnación del proceso de estabilización, porque es injusto y claramente insuficiente. No repara los daños y perjuicios causados a numerosos funcionarios docentes interinos, que han impartido conocimientos en la enseñanza pública a lo largo de décadas y que solo exigen que se subsane el fraude de ley convirtiéndolos en indefinidos o fijos en su trabajo. Ni más, ni menos. 

En los próximos años van a aumentar mucho las jubilaciones de profesores, por el envejecimiento general de la población, algo que también se nota en el cuerpo docente de una manera clara. Por tanto, también surgen plazas y vacantes para los jóvenes profesores.  Actualmente, ya hay muchas jubilaciones y una necesidad evidente de bajar las ratios en los grupos de clase de los alumnos, para mejorar más la calidad de la enseñanza y potenciar una formación más personalizada todavía. Se necesitan muchísimos profesores y es preciso que el Gobierno dedique más dinero a la Enseñanza Media.

Se trata de racionalizar los procesos de contratación del profesorado y que las administraciones educativas de toda España estén abiertas a hacer caso de lo que dicen los sindicatos, que defienden los intereses de los trabajadores de la enseñanza.

No pueden ser vulnerados los derechos  de los docentes interinos, porque es obligatorio cumplir todo  lo establecido legalmente. No puede ser que la obediencia a las leyes o sentencias sea algo elegible por las Administraciones educativas, según interpretaciones que no se ajustan a la legalidad estricta. Creo que los ámbitos judiciales deben poner orden en esta realidad laboral existente, que contraviene lo afirmado por las disposiciones legales europeas y españolas al respecto.

De otra forma, lo que predomina es el ejercicio puro y duro del poder y la autoridad. Y lo que pretende la comunidad educativa es la mejora de los procesos de aprendizaje y hacen falta, sin ninguna duda, más profesores para que la atención individualizada y la enseñanza compartida  sean una realidad en las aulas, de modo que se consiga aumentar los niveles de rendimiento y aprovechamiento de los alumnos.

España es un Estado de Derecho, pero lo tiene que ser con todas las consecuencias. Los problemas de gasto en personal no deben ser un impedimento, para que se haga justicia a los profesores interinos que legalmente se lo merecen. Si el Gobierno central español tiene que dedicar más fondos para estos fines, así debe ser. El imperio de la ley es para todo, no solo para lo que es más sencillo de resolver o que plantea menos problemas.

Se pueden buscar excusas y falsas o erróneas interpretaciones de las leyes, normas y sentencias, pero esto tiene un recorrido muy corto, ya que al final los recursos judiciales establecen lo que es válido, porque respeta el vigente ordenamiento jurídico. Dependemos, en buena medida, de la Unión Europea y, en este sentido, se deben cumplir las disposiciones de la misma también en Educación. De lo contrario, en los próximos años asistiremos asombrados a una cascada continua de procedimientos judiciales, para evitar el atropello de los derechos de los docentes interinos en fraude de ley durante muchos años. Y es perfectamente entendible que se produzcan numerosos recursos judiciales, ya que los tribunales son los encargados de  poner orden y evitar discriminaciones.