La decisión de la Corte Suprema de revocar el derecho al aborto debe ser contrarrestada por una fuerza más poderosa: el voto del pueblo

La Corte Suprema de Estados Unidos ha revocado el histórico fallo del caso “Roe contra Wade” de 1973 que garantizó el derecho al aborto en todo el país durante medio siglo. El fallo del caso “Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization” es devastador por sí mismo, pero también presagia cómo la actual mayoría conservadora del máximo tribunal estadounidense, conformada por jueces de extrema derecha, podría echar por la borda más de cien años de avances progresistas. El fuertemente cuestionado fallo fue redactado por el juez Samuel Alito en nombre de la mayoría, conformada también por los jueces Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Cuatro de estos cinco magistrados fueron designados por presidentes que perdieron en el voto popular: tres de ellos fueron nombrados por el expresidente Trump; y uno, Alito, por el expresidente George W. Bush.

Tan pronto como se publicó la decisión del caso Dobbs, el viernes 24 de junio, muchos estados del país se apresuraron a implementar las llamadas “leyes de activación” —aprobadas a la espera de la anulación del fallo Roe— que permitieron la prohibición inmediata del derecho al aborto en dichos estados. El Instituto Guttmacher, una organización en defensa de la salud reproductiva, informa que 26 estados de Estados Unidos ya han prohibido —o probablemente prohibirán— la práctica de abortos.

Kathryn Kolbert es cofundadora del Centro para los Derechos Reproductivos y la abogada que presentó los argumentos del histórico caso “Planned Parenthood contra Casey” ante la Corte Suprema en 1992. La decisión del caso Dobbs también anula el dictamen del caso Casey, que consolidaba el precedente establecido en el caso Roe contra Wade. Poco después de que se conociera el nuevo fallo, Kathryn Kolbert expresó en Democracy Now!: “El 40% o más de las mujeres en edad fértil se verán afectadas [por esta decisión]. Esto implicará que cientos de miles de mujeres que quieren interrumpir sus embarazos no deseados tengan que viajar miles de kilómetros para practicarse abortos de manera segura en otros estados del país. Esta no es la forma de brindar atención médica. Esta no es la forma de vivir en democracia”.

El día que se conoció el fallo del caso Dobbs, el fiscal general del estado de Texas, el republicano Ken Paxton, emitió un memorando en el que describe el plan para implementar la prohibición casi absoluta del aborto en el estado. Dicha prohibición no hace excepciones por motivo de violación o incesto y solo exceptúa algunos casos específicos en los que la vida de la persona gestante está en riesgo. En el memorando, Paxton escribió: “Algunos fiscales podrán optar por entablar acciones penales de inmediato. […] A partir de hoy, los proveedores de servicios de aborto podrán ser procesados penalmente por practicar abortos”.

El Centro para los Derechos Reproductivos y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles presentaron demandas de inmediato y consiguieron que un tribunal de Texas bloqueara temporalmente la entrada en vigor de la centenaria prohibición estatal del aborto. La decisión del tribunal permitió que se reanudaran los servicios de aborto en algunas clínicas de Texas, pero solo hasta la sexta semana de embarazo, un período en el que aún muchas de las personas ni siquiera saben que están embarazadas.

Kamyon Conner, directora ejecutiva de la organización Texas Equal Access Fund, dijo a Democracy Now!: “Estoy sumamente preocupada. Nuestro fondo de asistencia al aborto está tanto en la mira de extremistas contrarios al aborto, como de funcionarios conservadores electos. Hemos recibido cartas de apercibimiento sobre nuestro trabajo y se han hecho publicaciones en Twitter en las que amenazan con acusarnos de incurrir en delitos graves por continuar con nuestra tarea”.

El trabajo de Kamyon Conner se ha vuelto repentinamente más peligroso y, a la vez, más necesario que nunca.

“Nuestro fondo de asistencia al aborto, el Fondo TEA (Texas Equal Access), ayuda a las personas a pagar por los servicios de aborto en Texas, que cuestan 500 dólares o más. Eso se debe a que, en nuestro estado, la cobertura médica no incluye la práctica de abortos. Otros fondos de asistencia al aborto también brindan apoyo práctico o logístico, y básicamente ayudan a las personas en sus traslados dentro del estado —lo que sucedía anteriormente— o también en los viajes hacia otros estados del país. Eso incluye pasajes de autobús, boletos de avión, vales de comida, viajes en Uber desde el aeropuerto hasta el lugar de hospedaje, y estadías en hoteles”. Todas estas actividades bien podrían estar sujetas ahora a procesamientos penales en Texas y otros estados antiabortistas, si se considera que se incurre en el delito denominado como “complicidad e incitación” al aborto.

Estados Unidos se ha convertido rápidamente en un mosaico con 50 legislaciones diferentes respecto al aborto, una por cada estado del país. La mayoría de ellas prohíben y restringen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 16 de ellas garantizan el acceso a ese derecho. Cinco jueces de la Corte Suprema, todos ellos republicanos, no elegidos por el pueblo y con nombramientos vitalicios, han impuesto este sistema distópico a 330 millones de estadounidenses.

Las decisiones de la Corte Suprema no están sujetas a revisiones judiciales, pero pueden ser contrarrestadas por una fuerza más poderosa: el pueblo. La gran mayoría de los estadounidenses apoya el acceso al aborto legal y seguro. Una minoría ruidosa, bien organizada y profusamente financiada, ha trabajado durante décadas para revocar el fallo del caso Roe contra Wade. Y no se quedará satisfecha solo con esta victoria.

En su voto concurrente a la sentencia adoptada en el caso Dobss, el juez Clarence Thomas argumentó que la Corte también debería revocar los fallos precedentes que legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso a la anticoncepción y las relaciones homosexuales. Solo en las últimas dos semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos ha desarticulado algunas leyes destinadas a regular la tenencia y el uso de armas de fuego, ha debilitado aún más la separación de la Iglesia y el Estado, y ha permitido el restablecimiento de mapas electorales estatales manipulados con sesgo racial.

El presidente Biden dijo el jueves que está dispuesto a apoyar una excepción de uso del obstruccionismo para aprobar una iniciativa que codifique el derecho al aborto en la ley federal. Con una ajustada mayoría en el Senado, el Bloque Demócrata, junto a senadores independientes y senadores republicanos a favor del aborto, podría aprobar esa iniciativa hoy mismo. Esta posibilidad y muchas otras cosas a futuro dependen de las elecciones de mitad de mandato que se llevarán a cabo en Estados Unidos en noviembre de 2022. La mayoría de los estadounidenses que apoyan los logros alcanzados por los movimientos progresistas en el último siglo tienen cuatro meses para organizarse y para demostrar, de forma contundente, su poder en las urnas.

Tras la anulación del fallo del caso Roe, el pueblo estadounidense debe hacer oír su voz.