Los motociclistas calientan motores para la manifestación nacional del próximo mes de septiembre

Coordinada por la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, IMU, con la colaboración de clubes de motos de distintos lugares, la cita es el 25 de septiembre a las 11 de la mañana, para iniciar la manifestación a las 12 del mediodía.

Las ciudades en las que se van a desarrollar la manifestación nacional de motos 2022 son Valencia, Santander, A Coruña, Vigo, Barcelona, Mérida, Vizcaya, Guipúzcoa, Gijón, Mallorca, Toledo, León, Salamanca, Valladolid, Jaén, Madrid, Ceuta y Melilla, aunque la IMU, no descarta que para entonces sean más las ciudades en las que se realice.

Según Juan Carlos Toribio, Responsable de Seguridad Vial de la IMU “no nos queda más remedio que volver a salir a las calles debido a las acciones y omisiones de nuestras administraciones públicas de demostrada incapacidad para reducir los siniestros de tránsito de motoristas y sus consecuencias.

Debido a la discriminación por acción y omisión, de nuestras administraciones públicas en lo relativo al derecho a la seguridad de los ciudadanos motociclistas. Debido al incumplimiento de la ley de nuestras administraciones públicas, poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos.

Debido a la tendencia natural de prohibición o restricción del uso de vehículos a motor y ciclomotores por medio de regulaciones legales insensatas y sin objetividad y, sin contar con la opinión de los usuarios y conductores de estos vehículos y, debido a un largo etc.”

La manifestación nacional se realizará en motocicleta, a baja velocidad y por las ciudades dónde se organiza. Durante la manifestación se realizaran actos simbólicos en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito. Además, no se aceptarán banderas políticas y los asistentes deberán respetar las normas dictadas por los agentes que asistan a prestar protección del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.

En la manifestación se van a reivindicar los siguientes puntos:

1.- Que las administraciones públicas titulares de las calles y carreteras cumplan la ley y, las mantengan en buenas condiciones para circular.

2. - Que se protejan todos los guardarrailes en el ejercicio y la protección del derecho constitucional a la no discriminación y a la seguridad.

3.- Que se prioricen las partidas presupuestarias para el mantenimiento de las carreteras y calles hasta que nuestras administraciones titulares cumplan las leyes.

4.- Que las administraciones públicas auditoras de la seguridad vial, de la vigilancia como la Dirección General de Tráfico, el departamento de seguridad del Gobierno Vasco, el Servei Catalá de Transit y ayuntamientos, cumplan la ley, y denuncien y sancionen a los funcionarios y/o responsables del mal estado de conservación de las carreteras y calles.

5.- Que se forme y equipe debidamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad que practican la investigación de siniestros de tránsito.

6.- Que las fiscalías de seguridad vial persigan de oficio el tipo delictivo de no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo.

7.- Retirar del discurso político y de la DGT la intención del cobro por uso de las carreteras.

8.- Retirar la intención de la DGT de legislar y obligar al uso de guantes y chalecos de airbag.

9.- Que desde las autoridades de consumo se persiga la venta y distribución de equipación de protección para motociclistas que no esté debidamente certificada u homologada.

10.- Que se reduzca el gasto público entrando en modelos lógicos de consumo del erario público de nuestras administraciones públicas, reduciendo así los impuestos de hidrocarburos y en general de la energía.

11.- Que se reconozca a la motocicleta como un vehículo eficiente en la movilidad urbana y se de protección especial a su uso.

12.- Que se regule el uso de la moto de campo de forma lógica y equilibrada. Formalizándose un modelo de "Licencia verde" que permita el uso de la moto de campo en determinadas zonas y temporadas, bajo la tutela de una norma general de mínimos con un enfoque de criterios en todas las comunidades autónomas y, que se regule la actividad deportiva para no perder la disciplina e incluso el modelo de ocio.