¿Traficantes de personas?

En Estados Unidos, varios gobernadores republicanos han estado reclutando grupos de migrantes y solicitantes de asilo, familias enteras en muchos casos, para enviarlos en autobús y avión a las llamadas ciudades “liberales”, como Nueva York, Chicago y Washington D.C. La mayoría —o la totalidad— de estas personas están en el país de manera legal, a la espera de la aprobación de sus trámites migratorios. Estos desplazamientos internos que algunos estados han impulsado con la intención de avergonzar al Gobierno de Biden y exacerbar el ánimo de los votantes republicanos son de índole racista, repugnantes y potencialmente criminales.

Cerca de 50 solicitantes de asilo venezolanos refugiados en la localidad de San Antonio aceptaron abordar los aviones luego de que el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, les prometiera falsamente vivienda, empleo y dinero. A muchos de ellos se les dijo que irían a la ciudad de Boston. Sin embargo, tras abordar dos vuelos de avión, estas personas migrantes fueron abandonadas durante la noche en Martha’s Vineyard, una isla situada frente a las costas del estado de Massachusetts, sin ningún aviso previo a las autoridades locales.

DeSantis y los otros gobernadores republicanos, como el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, y el gobernador del estado de Arizona, Doug Ducey, no inventaron esta farsa. En tiempos de la lucha por los derechos civiles, grupos segregacionistas blancos del sur de Estados Unidos lanzaron los llamados “Viajes por la libertad a la inversa”, en los que trasladaban a familias negras del sur hacia el norte del país. Esa campaña racista de hace 60 años fracasó. La actual iniciativa —tan abiertamente racista como esa otra— podría tener éxito si la población estadounidense no toma cartas en el asunto y exige que DeSantis, Abbott, Ducey y los otros eventuales gobernadores que participen en ella rindan cuentas por sus actos.

Los “Viajes por la libertad a la inversa” de 1962 nacieron como respuesta a los llamados “Viajes por la libertad”, en los que grupos de activistas por los derechos civiles viajaban en autobuses al sur profundo de Estados Unidos para protestar contra la segregación racial en los viajes interestatales que aún regía allí. Muchos de los activistas que participaban en esos viajes por la libertad fueron encarcelados y tuvieron que enfrentar la hostilidad y la violencia de los supremacistas blancos del sur, pero sus esfuerzos lograron concitar una atención significativa y dieron verdaderos frutos. Los “Viajes por la libertad a la inversa” desplazaron a entre 200 y 300 residentes afroestadounidenses, a los que se trasladó en autobuses a ciudades del norte del país, así como a la península de Cape Cod, a donde se los dejó abandonados. En 1962, Betty Williams fue trasladada en autobús hacia el norte de Estados Unidos cuando era una niña. En un documental sobre su experiencia, Williams dijo a GBH, un medio de comunicación público de Boston: “Realmente no teníamos nada. Solo teníamos nuestra ropa”.

Por su parte, Mwalim Peters, profesor de la Universidad de Massachusetts Dartmouth, dijo a Democracy Now!: “Hace 60 años, en 1962, el Consejo de Ciudadanos Blancos era una organización del sur del país que se consideraba más moderada que el Ku Klux Klan, pero básicamente también era una organización defensora de la supremacía blanca”. Peters es afroestadounidense y miembro de la tribu Mashpee Wampanoag, una nación indígena originaria de Massachusetts y del este del estado de Rhode Island. Peters continuó: “Con el propósito de humillar a los progresistas del norte [de Estados Unidos], particularmente a la familia Kennedy, [la campaña de los “Viajes por la libertad a la inversa”] fue una estrategia en la que se puso a gente pobre —de [los estados] de Arkansas, Misisipi, las Carolinas y Georgia— en autobuses y se la trasladó directamente a la exclusiva calle Main Street de la localidad de Hyannis. Les dijeron que la familia Kennedy estaría allí para darles la bienvenida. Básicamente, idéntico a lo que está sucediendo ahora en Martha’s Vineyard, donde [a las personas migrantes] se les prometió todo tipo de cosas. [En ese entonces], el objetivo era humillar a la familia Kennedy, a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y a la [organización] Urban League”.

La familia Kennedy tenía (y todavía tiene) un complejo residencial en Hyannis, de ahí que uno de los destinos de aquellos viajes en autobús de 1962 fuera esa pequeña ciudad de Cape Cod. Hoy en día, Martha’s Vineyard —una isla situada frente a la costa de Cape Cod y a la que se accede por un ferri de pasajeros desde Hyannis— es un destino de vacaciones de verano para muchos destacados dirigentes demócratas, entre ellos, los expresidentes Clinton y Obama. El gobernador Ron DeSantis lo sabe bien, ya que asistió a la Universidad de Yale, en el estado de Connecticut, y luego a la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en la ciudad de Cambridge, Massachusetts.

Es posible que DeSantis se arrepienta de haberse jactado de organizar el traslado [de los migrantes] desde San Antonio a Martha’s Vineyard. El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, cuya jurisdicción incluye a San Antonio, ha iniciado una investigación penal sobre dichos vuelos.

En una conferencia de prensa que brindó el lunes, Salazar dijo al respecto: “Tal como lo entendemos, 48 personas migrantes fueron atraídas —usaré la palabra ’atraídas’— con falsas promesas para que se quedaran en un hotel durante un par de días. […][Estas personas] fueron trasladadas a un avión, desde donde fueron llevadas a Florida y luego, finalmente, a Martha’s Vineyard, de nuevo bajo engaño”.

Varios de los solicitantes de asilo que fueron engañados, junto con Alianza Americas, una red de organizaciones dirigidas por migrantes, han presentado una demanda colectiva contra DeSantis. La demanda ofrece impactantes relatos de primera mano sobre el engaño. Varios dirigentes y legisladores demócratas —desde miembros del Congreso hasta el gobernador de California, Gavin Newsom— han pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue posibles delitos cometidos en estos hechos, que van desde el uso indebido de los fondos de ayuda para la COVID-19 hasta la trata de personas, el secuestro y la asociación delictiva. En declaraciones a medios de prensa, la fiscal federal de Massachusetts, Rachael Rollins, dijo: “Estamos investigando este caso y hablaremos con miembros del Departamento de Justicia”.

Utilizar a personas que huyen de situaciones desesperadas con fines políticos y aumentar su sufrimiento es cruel y deshumanizante. Estuvo mal en 1962 en el caso de los “Viajes por la libertad a la inversa” y está mal ahora. Los gobernadores DeSantis, Abbott y Ducey deben rendir cuentas por lo sucedido y las personas que buscan refugio en Estados Unidos deben ser protegidas.