El Gobierno de Boluarte en Perú podría incrementar la represión para sostenerse

El cartel pegado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Lima, capital peruana, expresa la indignación ante la indolencia de las autoridades nacionales, poderes del Estado y grupos políticos opuestos a las protestas ciudadanas, frente a las decenas de muertes en ciudades del interior del país. Foto: Mariela Jara/IPS

Lima – “No somos terroristas, somos mujeres y hombres del altiplano que queremos respeto y que no nos maten por pedir adelanto de elecciones y Asamblea Constituyente”, dijo Rosa Cachi, indígena aymara desde Puno, en la zona sur andina del Perú, donde se concentran las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El 4 de enero se reanudaron las movilizaciones en diferentes zonas de este país sudamericano, las que se iniciaron en diciembre de 2022 tras la sucesión constitucional de Boluarte luego del golpe decretado por el exmandatario peruano Pedro Castillo, hoy detenido y procesado por cargos como rebelión.

Las manifestaciones, repelidas no solo por la policía sino por las fuerzas armadas, demandaban la renuncia de la presidenta por considerar que estableció una alianza con sectores de extrema derecha para quedarse en el poder hasta 2026, por el cierre del Parlamento que cuenta con el rechazo de más de 90 % de la población, por el adelanto de elecciones al 2023 y también por la instalación de una Asamblea Constituyente.

Las protestas se concentran en el sur andino peruano y producto de la brutal represión murieron 17 manifestantes por impacto de proyectiles disparados por las fuerzas del orden, además de un policía que habría sido calcinado por manifestantes.

Sumando las 28 muertes ocurridas en diciembre en otras regiones como Apurímac –tierra de Boluarte y donde se originaron las movilizaciones-, Ayacucho, Arequipa, Junín, Cusco, La Libertad, son más de 40 las víctimas en los 34 primeros días de este gobierno de transición, hecho que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha calificado de masacre.

Los 17 decesos de civiles se produjeron en un solo día, el 9 de enero, en Puno, una de las regiones peruanas con mayor pobreza y situada a más de 3800 metros sobre el nivel del mar, con alta población indígena aymara.

El gobierno descalificó las protestas y a través del primer ministro, Alberto Otárola, las acusó de estar financiadas por actividades ilegales como el narcotráfico y por extranjeros, y anunció que el orden sería restablecido. El martes 10, el gabinete que preside recibió el voto de confianza del Poder Legislativo pese a las muertes en su haber.

Para Javier Torres, analista político y director de Noticias SER, el portal informativo de la Asociación de Servicios Educativos Rurales, esta decisión significa un aval político al gobierno de Dina Boluarte que tiene como única respuesta a la protesta de la población, la represión indiscriminada y la instauración de estados de emergencia e inmovilización social obligatoria. Esta última medida se dictó por tres días para Puno.

“Hay además una suerte de impunidad total, porque tenemos noticias de ayer (10 de enero) acerca de que en Puno se está buscando que los familiares de las víctimas den testimonios falsos para proteger a los efectivos policiales. En este escenario, me parece gravísimo lo que ha hecho el Congreso de la República”, subrayó.

En entrevista telefónica con IPS, Torres afirmó que el gobierno de la presidenta Boluarte se sostiene en dos pilares: las fuerzas armadas que son su principal sostén, y la mayoría parlamentaria que ha otorgado el voto de confianza a su gabinete ministerial.

Los congresistas que votaron a favor son en su mayoría de bancadas como Fuerza Popular, que representa al fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País, que son de posiciones conservadoras y de extrema derecha y han instalado el discurso de que las movilizaciones son instigadas por el terrorismo y deben ser reprimidas totalmente.

A estos grupos se sumaron otros tres como Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú. que también defendieron el argumento de la recuperación del orden público. Frente a esta decisión, Torres consideró que la clase política no reconoce las demandas de la población.

“En Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac se plantean demandas políticas y son las más democráticas que pueden darse. Piden un proceso electoral y un referéndum, que es lo que está detrás de pedir que se vaya la presidenta y que cierren el congreso. No tiene nada que ver con secesionismo ni con el comunismo ni con Evo Morales”, afirmó.

Pero eso –agregó- no lo quiere ver la clase política porque la protesta es un cuestionamiento al poder central, a la forma cómo las élites de este país gobiernan y toman decisiones, eso es lo que está en cuestión.

En su opinión la única salida viable a la crisis actual es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria inmediata por parte del Congreso a elecciones generales y que estas se realicen en el más breve plazo, que sería de seis meses como ha adelantado que podría ser posible el Jurado Nacional de Elecciones.

“Eso bajaría la presión al país. Hay otras medidas que podrían ayudar pero en este momento es la salida institucional que nos queda, porque lo otro es que este gobierno se siga sosteniendo en una política represiva que lo que va a traer es más muertos y no va a solucionar el problema”, advirtió.

Seguimos en la lucha

Rosa Cachi, artesana puneña de la comunidad campesinas de Quilca, respondió a la llamada de IPS mientras participaba en la movilización ciudadana por las calles del centro de Puno en demanda de justicia ante las muertes ocurridas en su región y en rechazo a la posición de las principales autoridades del país que buscan deslegitimar sus luchas.

“Nos dicen que nosotros somos terroristas, que nos financian de otro país, que nos dan plata los narcotraficantes. No es así. Nosotros somos hombres y mujeres del altiplano, somos originarios, queremos respeto a nuestro pueblo originario. No nos pueden tratar de esta manera”, exclamó.

Y continuó: “Estoy ahorita en las calles de la ciudad porque no estamos de acuerdo con lo que dice la señora Boluarte de que no se puede hacer adelanto de elecciones en este año sino hasta el 2024, lo que quieren es quedarse en el poder con este Congreso que el pueblo rechaza”.

Además del adelanto de elecciones también demanda que se instale una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución.

“Nosotros vivimos de nuestra pachamama, de nuestra agua y mira, tantos recursos de nuestra tierra que se lo llevan y no queda para el pueblo ni para el campo. Solo al momento de elecciones llegan diciendo, hermanos hermanas voten por mí. Luego se olvidan. Eso no nos gusta a nosotras, ya no debe ser así”, cuestionó.

Cachi, quien también se dedica a la agricultura familiar, lamentó la indolencia de los poderes del Estado ante las muertes ocurridas en su región, Puno.

“Nos estamos movilizando por nuestros muertos que no reconocen la señora Dina Boluarte, el gabinete ministerial ni el Congreso. Es una indignación para nosotros, por eso hemos venido acá de luto, con ropa negra. No nos tienen que matar por protestar y reclamar lo que es justo”, insistió. En Lima se han venido realizando vigilias ciudadanas frente a la sede de Palacio de Justicia, en el centro de la capital, para expresar rechazo a la política represiva del gobierno, solidarizarse con las familias de las víctimas y pedir justicia.

El martes, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta peruana, el jefe de su gabinete y los ministros de Defensa y del Interior, responsables estos últimos del accionar de las fuerzas armadas y de la policía nacional respectivamente.

Las investigaciones abarcarán las muertes durante las manifestaciones de los meses de diciembre y enero.

Fuente: IPS