
Vista de la destrucción de una escuela en Darfur Occidental que servía como refugio a familias desplazadas por la guerra en Sudán. Ese conflicto entre ejércitos rivales, iniciado hace dos años, ha costado la vida al menos a 150 000 personas y forzado el desplazamiento de más de 12 millones, una cuarta parte de ellas a países vecinos. Imagen: Mohamed Jalil / ONU
GINEBRA – Más de 300 personas fueron masacradas en dos campamentos de desplazados en la provincia de Darfur, en el oeste de Sudán, alcanzados el 11 de abril por la ofensiva de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra las gubernamentales Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS).
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza, dio cuenta del trágico episodio en la guerra sudanesa, que entrará en su tercer año este martes 15, y advirtió de su probable agravamiento.
“Debemos reflexionar sobre esta situación catastrófica y honrar las vidas perdidas o cambiadas para siempre. Tememos que los capítulos más oscuros de este conflicto aún no se hayan escrito”, dijo Mohamed Chande Othman, presidente de la Misión.
Desde el 15 de abril de 2023, cuando comenzaron los enfrentamientos entre las FAR y las FAS, miles de civiles han sido asesinados, violados, desplazados y privados de bienes esenciales como alimentos y agua. La destrucción ha alcanzado viviendas, hospitales, mercados e infraestructura civil y la situación humanitaria es crítica.
Los jefes de los ejércitos que contienden son dos generales, Abdel Fattah al Burhan (FAS), actual presidente, y Mohamed Hamdan Dagalo (FAR), quienes fueron aliados para derrocar al gobierno civil de transición en octubre de 2021.
Luego, Dagalo y Al Burham rompieron, en una confrontación que tiene como telón de fondo el control de las riquezas minerales del país, de 1 860 000 kilómetros cuadrados y 48 millones de habitantes.
Los ataques del 11 de abril contra los campamentos de Zamzam y Abu Shouk, así como contra la ciudad de El Fasher, en el oeste sudanés, tendrían a las FAR como principales responsables de las atrocidades, según los testimonios sobre asedios, saqueos y asesinatos recogidos por la Misión.
La guerra entre los ejércitos rivales ha causado la muerte de hasta 150 000 personas (es posible que la cifra sea mucho mayor) y ha desplazado de sus hogares a más de 12 millones, con más de tres millones en los países vecinos, según organizaciones humanitarias y entidades de las Naciones Unidas.
Los combates han sido muy fuertes en zonas occidentales y también en el sur y en el centro-este del país, donde está la capital, Jartum, a orillas del Nilo, cuyo control recién el mes pasado fue recuperado por las FAS tras una campaña de seis meses.
La Misión recordó que Zamzam, uno de los campamentos de desplazados más grandes del país, alberga a unas 750 000 personas, la mitad de ellas niños.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que unas 16 000 personas fueron desplazadas de Zamzam por los combates, y que en la ciudad de Um Kadadah, en Darfur del Norte, se reportaron más de 50 muertos, unas 19 000 personas debieron huir desplazadas y 900 viviendas fueron destruidas.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), las condiciones de hambruna persisten en ese campamento desde agosto de 2024, y el acceso humanitario es prácticamente inexistente. Según sus estimaos, en todo el país unos 24 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda.
La Misión también investiga ataques de represalia atribuidos a las FAS en algunas de las zonas que han retomado, incluyendo detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales de presuntos simpatizantes de las FAR. En barrios de Jartum se reportan arrestos masivos y desapariciones.
Los portavoces de la Misión instaron a los más de 20 países con influencia sobre las partes en conflicto a implementar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.
Representantes de esos países -de Europa, el Medio Oriente y África- prevén reunirse en Londres para abordar la crisis humanitaria en Sudán justo al cumplirse dos años del estallido del conflicto, el 15 de abril.
“Los Estados tienen la obligación de no alimentar el conflicto con armas o financiación que puedan facilitar violaciones de derechos humanos”, recordó Mona Rishmawi, integrante de la misión.
A-E/HM - Fuente: IPS
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