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En los años setenta, asistimos en España a la proliferación irracional de universidades públicas y privadas, motivada en la mayoría de los casos por intereses económicos, ideológicos y aldeanismo político. Así, en 1984, España contaba con 34 universidades y 700.000 estudiantes y en el 2022 serían un total de 82 universidades y 1.700.000 estudiantes con una tasa de titulación universitaria del 42 %, similar a la media de la UE pero con un 37 de los licenciados trabajando en puestos de menor cualificación académica.
Sin embargo, la crisis habría obligado a recortar los presupuestos de Educación de las comunidades autónomas de quien depende más del 70% del gasto educativo y según un estudio elaborado por FENAC (Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría), desde 2.008 se habrían marchado de España más de 1 millón de jóvenes ( la mayoría jóvenes universitarios en busca de un primer empleo), con lo que se conjuga el fiasco inversor de un Estado que tras haber gastado en la formación de cada titulado unos 5.000 € (el alumnado sólo paga el 20% del coste real de la matrícula), asiste impotente a la sangría imparable de la fuga de cerebros.
Además, el descenso de la tasa de natalidad (con estimaciones de un descenso del número de estudiantes universitarios del 1,5% medio anual) provocará un descenso acusado de la tasa de población universitaria, lo que aunado con el drástico recorte de las subvenciones públicas y el desbocado incremento de las tasas académicas provocará la inevitable extinción de incontables universidades con escasa o nula vinculación con grupos empresariales innovadores.
Por otra parte, la insuficiente inversión en I+D+i provocará la drástica reducción de becas para investigadores y la asfixia por inanición económica de múltiples proyectos científicos y tecnológicos, con lo que España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable.
De todo ello, se deduce la necesidad urgente de establecer las medidas necesarias para dotar a las Universidades de mayor flexibilidad en su gobierno y en el desarrollo de su oferta educativa así como potenciar su vinculación con grupos empresariales innovadores para dejar de ser meras expendedoras de títulos.
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