María Corina Machado reunió multitudes en ciudades y pueblos de Venezuela en una breve campaña, y logró un triunfo arrollador como abanderada de las principales fuerzas de oposición. Ahora deberá despejarse la incógnita de si será habilitada para que pueda disputar la presidencia con Nicolas Maduro en 2024. Imagen: Comando Campaña Machado
CARACAS – La liberal María Corina Machado arrasó en la elección primaria que realizaron las principales fuerzas de oposición en Venezuela, el 22 de octubre, para escoger a quien enfrentará a Nicolás Maduro en la carrera presidencial de 2024.
Con apenas 26 % de las actas escrutadas, la comisión que dirigió la consulta atribuyó a Machado 552 430 votos, 93,15 %, a una distancia sideral de los otros nueve candidatos, que entre todos habían reunido apenas 48 680 sufragios.
La comisión electoral opositora atribuyó a un bloqueo de sus servidores para la transmisión de datos las demoras en contabilizar los resultados de la consulta, en la que probablemente concurrieron cerca de dos millones de personas, pero todos los grupos participantes reconocieron la clara victoria de Machado.
Ingeniera industrial de 56 años, madre de tres hijos y perteneciente a una de las familias más ricas del país, Machado se ha dedicado durante las últimas dos décadas a la política, con oposición frontal primero al fallecido expresidente Hugo Chávez (1954-2013) y luego a su sucesor Nicolás Maduro.
Su propósito expresado y reiterado, en una campaña fulgurante, en la que logró reunir multitudes en ciudades y pueblos de prácticamente todo el país, es “desterrar el socialismo”, el sistema reivindicado en sus discursos por Chávez y Maduro.
Sus propuestas, dijo en una reciente reunión con corresponsales extranjeros, incluyen “poner orden a nivel macroeconómico, lograr que el crecimiento se traduzca en empleo productivo bien remunerado, aumento de la clase media y una sensación de bienestar” y proceder a una “privatización ordenada” de la industria petrolera.
También buscaría acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y bancos multilaterales, y desarrollaría un plan de atracción de inversiones y restructuración de la deuda externa, mientras en lo interno se ocuparía de “reinstitucionalizar el país”, lo que debería incluir una despolitización de la Fuerza Armada.
Tanto las multitudes que reunió en sus rápidas giras al interior, como la masiva concurrencia a la elección primaria –en condiciones precarias, por ejemplo sin electricidad ni transporte público y bajo la lluvia en muchos lugares- sorprendieron sobre lo que se consideraba hastío de la política para los venezolanos.
Encuestadores, economistas y analistas políticos coincidían a lo largo de los primeros meses de 2023 en que los venezolanos, bajo el peso de las crisis no resueltas con la polarización entre “chavismo” y “antichavismo”, se desentendían de la política y se consagraban a las urgencias de la cada vez más difícil vida cotidiana.
El país vivió en recesión aguda ocho de los últimos 10 años, soportó una hiperinflación de casi tres –todavía su inflación es la más alta del continente-, el valor de su moneda se licuó, la pobreza alcanzó en algún momento a 90 % de la población, y el salario mínimo actual no supera los cuatro dólares mensuales.
La expresión más conocida de la crisis fuera de Venezuela es la migración de unos ocho millones de sus habitantes. La población actual es de unos 28 millones y el padrón electoral, no depurado, es de más de 20 millones de inscritos.
En la primaria opositora podían participar, además de todos los electores en Venezuela, unos 397 000 en el extranjero que actualizaron sus datos ante la comisión.
Sobre el proceso planeó durante meses el velado peligro de que instituciones del Estado –en manos del oficialismo-, como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia, prohibiesen la consulta sobre la base de que podrían soslayar algunas de las normas que rigen sobre los derechos políticos de los venezolanos.
El camino se despejó finalmente solo en la última semana, después de que delegaciones del oficialismo y la oposición pactaron en Barbados unos acuerdos de convivencia política que ratificaban derechos constitucionales.
Esos acuerdos están endosados a una negociación entre los gobiernos de Caracas y Washington para desmantelar –o no- las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre autoridades civiles y mandos militares de Venezuela, y sobre las operaciones petroleras, mineras, comerciales y financieras del Estado venezolano.
No removieron, sin embargo, la más pesada piedra que ahora deberá encarar la oposición con la elección de Machado: las inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos que pesan sobre ella, y que también marcaban a otros dos aspirantes a la candidatura, quienes prefirieron retirarse.
Para el Estado venezolano Machado está inhabilitada, y en consecuencia no podría presentarse para disputar la presidencia, por decisión de la Contraloría General de la República, según la cual una declaración de impuestos suya en 2015 tenía errores.
Luego fue acusada de “traición a la patria” y otros delitos y faltas, e incluso se la destituyó como diputada en la Asamblea Nacional legislativa de 2011-2015.
Para analistas como Jesús Seguías de la firma encuestadora y de consultoría Datincorp, la clave está en que si el oficialismo permite que Machado sea candidata “ni siquiera harían falta elecciones porque puede arrasar y sería como entregarle de una vez la llave de Miraflores”, la sede del gobierno en Venezuela.
Las encuestadoras privadas coinciden en que la popularidad y aceptación del presidente Maduro está entre 20 y 30 % del electorado y que una oposición unida y con una buena campaña puede vencerle holgadamente en las urnas.
Por ello la habilitación o no de Machado, y su capacidad para unir en torno suyo a la mayoría de las corrientes de oposición –con las que ha contendido amargamente en el pasado reciente- son claves para la posibilidad de un cambio político.
Portavoces del gobierno de Estados Unidos han dicho que, si no se resuelve el tema de las inhabilitaciones antes del fin de este año, Washington regresará al esquema de sanciones, lo que protestaron dirigentes oficialistas como “grosera injerencia”.
Machado, en medio de la euforia por su arrollador triunfo, también advirtió a sus seguidores en el discurso con el que recibió los resultados: “Hoy recibí un mandato y asumo el compromiso de hacerlo valer”, aunque “nos espera un camino arduo, este no es el final, es el principio del final”.
A-E/HM - Fuente: IPS
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