​Qué hacer y qué no hacer ante una ocupación ilegal de vivienda

La ocupación ilegal de viviendas es una realidad a la que algunos propietarios en España se enfrentan con creciente preocupación. El fenómeno, conocido popularmente como "okupación", se ha convertido en un problema social y legal que requiere un entendimiento claro de las leyes y procedimientos para abordar la situación de manera adecuada. Entre 2018 y 2023, los juzgados recibieron cerca de 17.000 demandas por ‘okupación’ ilegal de viviendas en toda España.

A continuación, se detallan las acciones recomendadas y las que deben evitarse para gestionar una ocupación ilegal de vivienda según la legislación española actual.

Qué hacer ante una ocupación ilegal

1. Mantener la calma y documentar la situación

Lo primero y más importante es mantener la calma. Una reacción impulsiva puede agravar la situación. Documenta la ocupación tomando fotografías y videos que muestren la vivienda y los ocupantes si es posible. Esta documentación será vital para cualquier acción legal futura.

2. Denunciar la ocupación a las autoridades

La primera acción debe ser notificar a las autoridades. Presenta una denuncia en la comisaría de policía local. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la denuncia debe incluir toda la información disponible sobre la ocupación y cualquier prueba que hayas recopilado.

3. Consultar a un abogado especializado

Es fundamental contar con asesoría legal. Un abogado especializado en derecho inmobiliario puede guiarte a través del proceso y ayudarte a presentar una demanda de desahucio por precario o por usurpación, dependiendo de las circunstancias específicas de la ocupación.

4. Iniciar un proceso judicial

El procedimiento judicial más adecuado dependerá del tipo de ocupación. Si la vivienda es tu residencia habitual o si puedes demostrar que los ocupantes han entrado recientemente, el procedimiento puede ser más rápido. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, el proceso de desahucio por precario puede permitir recuperar la posesión en un plazo relativamente corto, aunque esto puede variar según la carga de trabajo del juzgado.

5. Medidas de seguridad adicionales

Mientras el proceso judicial está en marcha, considera la instalación de medidas de seguridad adicionales para prevenir futuras ocupaciones. Esto puede incluir alarmas, cámaras de seguridad o la contratación de un servicio de vigilancia.

Qué no hacer ante una ocupación ilegal

1. No tomar la justicia por tu mano

Es crucial no intentar desalojar a los ocupantes por la fuerza. Cualquier intento de desalojo sin una orden judicial puede resultar en cargos penales en tu contra. La violencia o la coacción pueden agravar la situación y complicar el proceso legal.

2. No interrumpir servicios básicos

Algunos propietarios pueden sentir la tentación de cortar el suministro de agua, electricidad o gas para forzar a los ocupantes a abandonar la vivienda. Esta acción no solo es ilegal, sino que puede resultar en sanciones administrativas y penales contra el propietario.

3. No realizar acuerdos extrajudiciales sin asesoría legal

En algunos casos, los propietarios intentan llegar a acuerdos económicos con los ocupantes para que abandonen la vivienda. Si bien esta puede parecer una solución rápida, es importante hacerlo bajo la supervisión de un abogado para evitar futuros problemas legales y asegurar que el acuerdo sea válido.

4. No difundir información personal

Evita compartir detalles personales de los ocupantes en redes sociales o medios de comunicación. La difamación o la invasión de la privacidad pueden tener repercusiones legales y complicar aún más la situación.

Contexto legal en España

La legislación española contempla diversas medidas para combatir la ocupación ilegal de viviendas. En 2018, se aprobó la Ley 5/2018, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar la protección de los propietarios frente a la ocupación ilegal. Esta ley permite a los propietarios y a las entidades públicas o privadas que gestionan viviendas sociales solicitar el desalojo en un plazo más corto.

Procedimientos judiciales específicos

Desahucio por precario

Este procedimiento se aplica cuando los ocupantes no tienen ningún título que justifique su posesión. El propietario debe presentar una demanda en el juzgado correspondiente, y el proceso puede durar varios meses dependiendo de la carga de trabajo del juzgado.

Desahucio exprés

La Ley 5/2018 introdujo el llamado "desahucio exprés", que permite a los propietarios recuperar su vivienda de manera más rápida. Este procedimiento está diseñado para viviendas que han sido ocupadas recientemente y cuya posesión legítima puede ser demostrada fácilmente.

Usurpación

En casos donde se ha producido una entrada forzada, se puede interponer una demanda por usurpación, tipificada en el artículo 245 del Código Penal. Este procedimiento es más complejo y requiere la intervención de la policía y la autorización judicial para el desalojo.

Derechos de los ocupantes

Es importante destacar que los ocupantes ilegales también tienen ciertos derechos que deben ser respetados durante el proceso de desalojo. La intervención de servicios sociales puede ser necesaria si hay menores, personas en situación de vulnerabilidad o si se trata de familias en riesgo de exclusión social.

Un problema complejo

La ocupación ilegal de viviendas es un problema complejo que requiere un enfoque legal y estratégico. Siguiendo los pasos correctos y evitando acciones impulsivas, los propietarios pueden recuperar su vivienda de manera efectiva y conforme a la legislación española. La asesoría legal es esencial en este proceso, así como una documentación adecuada y la denuncia oportuna a las autoridades. Mantener la calma y seguir los procedimientos legales establecidos es la mejor manera de abordar una ocupación ilegal y proteger tus derechos como propietario.