El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (derecha), recibe en el palacio de La Moncloa a Edmundo González, cuya victoria en la elección presidencial del 28 de julio reivindica la oposición de Venezuela. En paralelo, Washington sancionó a 16 autoridades venezolanas señaladas de fraude electoral o de reprimir las protestas por la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto. Imagen: La Moncloa

WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos ha anunciado esta semana sanciones financieras y de visado sobre 16 autoridades de Venezuela, para marcar su rechazo a la proclamada reelección del presidente Nicolás Maduro.

Wally Adeyemo, subsecretario del Departamento del Tesoro estadounidense, dijo que su país “está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes, por su represión al pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”.

El gobierno de Estados Unidos “continuará utilizando nuestras herramientas para responsabilizar a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, agregó el funcionario.

Venezuela eligió presidente el 28 de julio y el poder electoral atribuyó la victoria a Maduro con 51,95 % de los votos frente a 43,18 % de su principal oponente, Edmundo González, aunque sin publicar los resultados de las 30 026 mesas de voto, que permitirían comprobar los números en favor de esa proclamación.

La principal coalición opositora publicó sus copias de las actas de escrutinio en 83,5 % de las mesas, con las cuales reivindica que González ganó con 67 % de votos frente a solo 30 % de Maduro, quien acudió al Tribunal Supremo de Justicia, que le es afín, para que corroborase los resultados oficiales.

En manifestaciones que se produjeron tras la proclamación de Maduro el 29 de julio, algunas con excesos y fuertemente reprimidas, murieron 25 personas, hubo decenas de heridos y cerca de 2000 detenidos, adolescentes al menos 120 de ellos.

González permaneció durante semanas “a resguardo” en las embajadas neerlandesa y española, y el 8 de septiembre viajó a España, por acuerdo entre Madrid y Caracas, para evadir una orden de arresto dictada por un juez antiterrorismo en su país.

El gobierno de Estados Unidos, así como otros de América y Europa, declaró que considera a González ganador de la elección, aunque sin tratarlo formalmente como presidente electo, y dirigió las nuevas sanciones contra autoridades judiciales, de la fiscalía y militares, que considera responsables del fraude y de la represión.

Encabezan la lista de nuevos sancionados la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; una rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil, y el general del ejército Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada.

Asimismo, los generales Elio Estrada, comandante de la Guardia Nacional, Johan Hernández Lárez, jefe de la Guardia en la capital, y oficiales con altos cargos en los servicios de policía política e inteligencia militar, Asdrúbal Brito y Miguel Muñoz.

Se incluyó a otros cuatro de los 20 magistrados del Tribunal Supremo, funcionarios del poder electoral y de la fiscalía, y al juez antiterrorismo Edward Briceño.

Desde hace años Washington ha dispuesto sanciones sobre otros 28 responsables del Estado venezolano, alegando conducta impropia en materia de democracia y derechos humanos, como el presidente Maduro, su esposa Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

También sobre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional legislativa; el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa; el almirante Remigio Ceballos, ex jefe del comando estratégico operacional, y el Fiscal General, Tarek Saab.

Con las sanciones quedan bloqueadas todas las propiedades y activos de los imputados en territorio estadounidense, y no podrán realizar transacciones financieras.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, informó que su país está imponiendo restricciones de visa a funcionarios “alineados con Maduro”, en un número no especificado.

Venezuela rechazó las nuevas medidas y en un mensaje en la red Telegram su canciller Yván Gil expuso que se trata de “un nuevo crimen de agresión de Estados Unidos contra Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a funcionarios del Estado”.

Washington también mantiene sanciones financieras y operativas sobre empresas y otras entidades del Estado venezolano, aunque ha hecho excepciones en el campo de petróleo para que puedan operar empresas estadounidenses con Chevron.

El anuncio estadounidense coincidió con la reunión en Madrid de González con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ofreció continuar gestiones para que pueda lograrse un acuerdo político que supere la crisis venezolana.

El Congreso de los Diputados de España aprobó el miércoles, con 177 votos a favor y 164 en contra, una exhortación al gobierno para que reconozca a González como presidente electo. Pero Sánchez descartó por ahora esa posibilidad y remarcó que es una medida que debe alinearse con los demás países de la Unión Europea (UE).

Pero de otro lado, España tampoco reconoce la validez de los resultados invocados en Caracas para proclamar a Maduro, e igual posición mantienen una mayoría de gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá y la UE.

A-E/HM - Fuente: IPS