¿Solidaridad o lucha de clases?

La inquilina del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, ha pedido a los pobres caseros y fondos buitres que bajen los precios de los alquileres por solidaridad. Con un par. De ovarios, por supuesto. Rodríguez será muy feminista (lo cual le honra) pero es clasista a más no poder (lo cual es un tanto deshonroso, ¿o no?).

Rodríguez no es ingenua, sabe lo que defiende y por qué. Según su propia declaración de bienes al Congreso del verano de 2023, es propietaria de siete inmuebles entre viviendas, garajes y trastero. Su postura política, quizá, pueda entenderse así mejor. Donde hay fea lucha de clases ella lo convierte en solidaridad cívica.

Su propuesta es lamentable y presuntamente ética. La problemática acuciante sobre la vivienda no va con ella, ella es más de dejar libertad absoluta a la economía de mercado. Y aquí paz social y después gloria eterna para los buenos caseros y los encantadores fondos buitres que tanto hacen por la justicia económica en el mundo mundial.

El Banco de España afirma que hay en España 4 millones de pisos vacíos. Mientras tanto, los precios del alquiler suben y suben y la sagrada Constitución española hace aguas y no sirve para nada socialmente relevante.

¿Pisos vacíos? ¿Por qué si hay tanta necesidad de vivienda asequible? Unos son segundas o terceras residencias de la clase media y de la elite y otros aguardan en el banquillo de los reservas a que la especulación inmobiliaria los ponga en el mercado para obtener plusvalías desorbitadas por parte de sus solidarios propietarios.

Y mientras la ministra Rodríguez solicita solidaridad a los propietarios de viviendas, en el primer trimestre se han ejecutado ya 7.500 desahucios judiciales, es decir, 7.500 familias a la puta calle. En 2023, los desahucios ascendieron a casi 27.000 lanzamientos forzosos.

Poco se habla de ello, en cambio, sí de okupación, que no llega al uno por ciento en toda España, según reflejan todas las estadísticas.

Una de las voceras de esta supuesta alarma social, es la inefable Ana Rosa Quintana, dueña de 44 apartamentos turísticos. Quintana defiende sin ruborizarse el periodismo libre e independiente desde sus altavoces mediáticos.

Ella es lo que es: una capitalista pura y dura que defiende los intereses propios y los de su clase.

En el caso de la ministra Rodríguez el asunto es más lamentable. Va de socialista, cuando menos socialdemócrata, y feminista, pero su posición real de propietaria no desmerece a la de Quintana.

Gran o pequeña propietaria, una y otra, están prisioneras de su statu quo. A ninguna de las dos le interesa eso de la lucha de clases. Con predicar solidaridad o caridad cristiana les basta y sobra.