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El último fin de semana de septiembre conocimos las dramáticas cifras sobre el aborto en España. En 2023 subieron un 4,8 por ciento y la cifra total fue superior a 103.000, el registro más elevado de la última década. Es la crónica anunciada de un fracaso social, cuya gravedad solo se puede ignorar desde el sectarismo ideológico. En este sentido, ha sido muy significativa la comparecencia de la ministra de Sanidad, poniendo el foco en nuevos protocolos restrictivos para hacer la vida imposible a quienes decidan objetar en conciencia.
El Gobierno puede seguir con su hoja de ruta, pero la objeción de conciencia es un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de nuestra Constitución, con un desarrollo en numerosa y variada jurisprudencia, e incluso en algunas leyes recientes, como la de la eutanasia. Hay muchos profesionales que tienen claro que su vocación de curar no incluye matar a ningún ser humano. Es sorprendente el empecinamiento totalitario en amedrentar a los profesionales que, con toda legalidad y legitimidad, defienden la vida humana, especialmente la de los más vulnerables.
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