|
El Gobierno Central sabe que las competencias de vivienda son de las Comunidades Autónomas. Y no debería confundir a la opinión pública: una cosa es el cumplimiento de la ley de la Vivienda, cuya eficacia no se ha probado, y otra la aplicación de los topes a las viviendas de alquiler, una medida que llevó adelante el Ejecutivo catalán y que ha tenido consecuencias negativas, ya que ha limitado la oferta de pisos en alquiler y ha hecho que el coste se incremente un 6 por ciento.
En vez de buscar el acuerdo a través del diálogo, como conclusión de una Conferencia de presidentes para abordar la situación de la vivienda en España, la Ministra de la vivienda, ha decidido tomar el camino de la coacción en uno de los graves problemas de España. Un problema que afecta especialmente a los más jóvenes y a las familias más desfavorecidas.
El déficit de 600.000 viviendas asequibles a la renta familiar no se va a solucionar con demagogia y medidas de presión.
| 
