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El 61% de las empresas detecta problemas financieros en sus clientes

Según el Estudio elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, el 79% debe aceptar plazos superiores a los deseados y solo el 51% cobra a menos de 60 días
Redacción
miércoles, 20 de noviembre de 2024, 10:22 h (CET)

De acuerdo con la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 79% de las compañías tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. Los dos segmentos principales de empresas en los que se apoya la economía española tienen un comportamiento muy similar.


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De acuerdo con el trabajo de campo, en el que han participado cerca de 600 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, el 51% del tejido productivo tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados por parte de la gran empresa y el 44% por parte de las pymes. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago solo afecta al 13% de las entidades.


Aunque en menor medida, las Administraciones también forman parte del problema de la extensión indeseada de los plazos de pago: el 45% de las empresas que trabaja con el sector público tiene que aceptar plazos superiores a los deseados. El peor comportamiento, que afecta al 30% de las compañías, se da entre las Administraciones locales. Este porcentaje se reduce al 23% con las Administraciones autonómicas y al 12% con las estatales.


Al abordar las razones que explican la morosidad empresarial, la oleada de otoño, refleja una gran incidencia de la falta de disponibilidad de fondos por parte de los clientes. Los problemas financieros constituyen la razón más citada (61% de las empresas), por delante del retraso intencionado de los clientes (55%), la complejidad del procedimiento de pagos (18%), las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (8%) o la emisión de facturas incorrectas (8%).


Solo el 51% de las empresas trabaja con plazos de cobro inferiores a los 60 días fijados por la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El dato representa, sin embargo, una mejora de un punto porcentual respecto a los valores de hace un año, mejorando el comportamiento en plazos a los niveles pre Covid-19, cuando un 49% de las firmas trabajaba por debajo de los 60 días.

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