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​‘Sextorsión’: una amenaza que crece con la normalización del ‘sexting’

El incremento del envío de contenido sexual a través de dispositivos digitales ha derivado en un aumento de casos de extorsión en línea, planteando desafíos legales y sociales
Redacción
jueves, 28 de noviembre de 2024, 10:34 h (CET)

El sexting, práctica que consiste en el envío de fotografías o vídeos de contenido sexual mediante dispositivos electrónicos, ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos. Según un estudio reciente, el 24,4% de los adolescentes españoles ha practicado sexting en alguna ocasión, con una media de 2,32 personas involucradas. Esta tendencia, sin embargo, ha dado lugar a un aumento preocupante de casos de sextorsión, una forma de chantaje en la que se amenaza con divulgar material íntimo si no se cumplen ciertas demandas.


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Aumento de denuncias por sextorsión


Los datos del Ministerio del Interior reflejan un incremento significativo en las denuncias por sextorsión en España. En 2018 se registraron 1.691 denuncias, cifra que ascendió a 4.460 en 2023, evidenciando una tendencia al alza en este tipo de delitos. Este aumento puede atribuirse tanto a una mayor incidencia de casos como a una creciente concienciación y disposición de las víctimas a denunciar.


Casos recientes y sentencias judiciales


En enero de 2023, la Audiencia Provincial de Palma condenó a un joven de 22 años a 14 años de prisión por amenazar a seis menores para que le enviaran fotografías de contenido sexual. El condenado utilizaba aplicaciones de mensajería y redes sociales para contactar a las víctimas, a quienes luego coaccionaba para obtener material íntimo.


Asimismo, en diciembre de 2023, el Tribunal Supremo dictaminó que la difusión de una sola imagen de contenido sexual sin consentimiento es suficiente para constituir un delito de revelación de secretos. Este fallo subraya la gravedad de compartir material íntimo sin autorización y establece precedentes legales claros al respecto.


Implicaciones legales del sexting y la sextorsión


En España, la difusión no consentida de imágenes o vídeos de carácter sexual está tipificada como delito en el Código Penal. El artículo 197.7 establece penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a doce meses para quienes, sin autorización, difundan, revelen o cedan a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con el consentimiento de la persona afectada, cuando dicha divulgación menoscabe gravemente su intimidad.


La sextorsión, por su parte, puede implicar delitos de amenazas, coacciones y extorsión, con penas que varían según la gravedad y las circunstancias del caso. Es fundamental que las víctimas denuncien estos hechos para que las autoridades puedan actuar y aplicar las sanciones correspondientes.


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Consecuencias psicológicas y sociales


Las víctimas de sextorsión suelen enfrentar consecuencias psicológicas significativas, como ansiedad, depresión y pérdida de confianza. El temor a la divulgación de material íntimo puede afectar gravemente la salud mental y el bienestar de las personas involucradas. Además, el estigma social asociado puede llevar al aislamiento y a la afectación de relaciones personales y profesionales.


Medidas preventivas y recomendaciones


Para prevenir situaciones de sextorsión, se recomienda:


- Educación y concienciación: Informar a adolescentes y adultos sobre los riesgos asociados al sexting y la importancia de proteger su privacidad en línea.

- Configuración de privacidad: Utilizar configuraciones de privacidad adecuadas en redes sociales y aplicaciones de mensajería para limitar el acceso a información personal.

- Desconfianza ante desconocidos: Evitar compartir material íntimo con personas que no se conocen en la vida real o con quienes no se tiene plena confianza.

- Denuncia inmediata: Si se es víctima de sextorsión, es crucial no ceder al chantaje y denunciar el hecho ante las autoridades competentes.


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Promover la educación digital


El aumento del sexting y la sextorsión en España plantea desafíos legales y sociales que requieren una respuesta integral. Es esencial promover la educación digital, fortalecer las leyes existentes y ofrecer apoyo a las víctimas para mitigar los efectos negativos de estas prácticas y proteger la intimidad y el bienestar de la población.

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