Entra en vigor la normativa que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a medir su huella de carbono

En apenas dos semanas, las empresas españolas con más de 250 trabajadores, ingresos anuales superiores a 40 millones de euros o activos totales superiores a 20 millones están obligadas a desarrollar planes de medición, reducción y certificación de su huella de carbono. Lo que hasta ahora era una recomendación, se convierte ya en una necesidad regulatoria.

Con esta nueva regulación, las empresas que no cumplan con la norma se enfrentan a multas que van desde los 5.000 euros, hasta los 2,5 millones de euros. Pero, por otro lado, este nuevo marco más exigente representa una oportunidad para la modernización y mejora de la competitividad empresarial. La adaptación a estas normativas ambientales es crucial para el éxito empresarial y la puesta en marcha de estas políticas mejora el acceso a la financiación y fortalece la reputación corporativa, creando nuevas oportunidades de mercado.

En este sentido, Andrés Cester, cofundador y CEO de Manglai, aconseja a las empresas ante esta realidad inminente que “se anticipen a la legislación y adopten herramientas de medición continua de emisiones, alineándose con los estándares vigentes para evitar sanciones e impulsar su competitividad en un entorno cada vez más comprometido con la sostenibilidad”.

Impacto en España: un liderazgo regulatorio

Nuestro país adopta la normativa marco que llega desde Europa en este 2025, pero previamente ya había desarrollado iniciativas que sitúan a España a la cabeza de los países occidentales.

Aquí, esta normativa se materializa en regulaciones como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que establece un marco para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Además, la modificación del Real Decreto 163/2014 introduce la obligatoriedad de calcular la huella de carbono para un amplio rango de empresas, incluyendo grandes corporaciones y pymes cotizadas, que deberán reportar emisiones en tres alcances: directas, indirectas de electricidad, y de cadena de valor.

Sin embargo, la norma que afecta directamente a las empresas a partir del 1 de enero de 2025 es la Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Esta amplía significativamente el alcance de las empresas obligadas a reportar su sostenibilidad. Desde 2025, además de las grandes corporaciones, las medianas empresas deberán presentar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG).

La directiva introduce el principio de "doble materialidad", exigiendo a las empresas informar sobre cómo los temas de sostenibilidad impactan en su negocio, pero también acerca del impacto de sus actividades en la sociedad y en el medio ambiente.

Además, las actualizaciones previstas en normas como la ISO 14001 (gestión ambiental) para 2025 refuerzan la medición, control y reducción de emisiones en toda la cadena de valor. Este estándar será clave para alinear los esfuerzos nacionales con los marcos internacionales.

A nivel autonómico, regiones como Cataluña y Navarra ya han implementado legislaciones específicas que exigen planes detallados de reducción de emisiones y, en algunos casos, sistemas de comercio de derechos de emisión. Otras comunidades, como las Islas Baleares, han extendido esta obligatoriedad incluso a sectores como la agricultura y la ganadería.