En pleno siglo XXI, Galicia sigue arrastrando las sombras de un sistema caciquil que ignora, vulnera y abandona a quienes más necesitan protección. Entre estos casos, emerge con crudeza la historia de una mujer que, tras ser salvajemente agredida y atropellada por un tractor que la dejó atrapada bajo sus ruedas, ha encontrado en las instituciones no justicia, sino desamparo.
Esto ocurrió recientemente en una localidad de San Ciprián de Viñas , denunciado y siendo ignorado por la justicia.
La mujer agredida que respondía a las siglas R.I., y el presunto agresor y denunciado que respondía a las siglas I.F.
Después de juicio según se ha podido constatar, familiares del presunto agresor provocaron a la familia de la agredida en claro signo de acoso.
A pesar de presentar múltiples denuncias y pruebas contundentes, su voz ha sido silenciada por un entramado de indiferencia que alcanza a las autoridades locales, el ayuntamiento y hasta los juzgados. Este es un ejemplo doloroso de cómo el caciquismo, ese sistema de poder arbitrario y opresivo, no solo sobrevive, sino que florece, pisoteando derechos fundamentales. Un claro caso de una doble agresión por una parte la violencia física y la institucional.
Lo ocurrido con esta mujer no es solo una agresión física, sino también un atropello institucional. Las denuncias han sido ignoradas sistemáticamente, mientras quienes deberían garantizar su seguridad han optado por mirar hacia otro lado. Lejos de actuar, las instituciones locales han permitido que su caso se convierta en un ejemplo de cómo la falta de acción perpetúa la violencia. Lo que es aún más indignante es la vulneración de la Ley de Protección de Datos por parte de quienes buscan deslegitimar a la víctima.
La recolección de firmas en su contra, acompañada de un acoso sistemático a su familia, demuestra cómo el poder caciquil es capaz de torcer las leyes para proteger a los agresores y castigar a quienes se atreven a romper el silencio.
Una familia acosada por romper el silencio. La víctima no solo enfrenta el dolor de sus heridas físicas y emocionales, sino también el acoso constante hacia ella y su familia. Esta situación genera una vulnerabilidad extrema, no solo para ella, sino para sus seres queridos, quienes han sido sometidos a una campaña de hostigamiento promovida por quienes pretenden mantener el statu quo.
Es inadmisible que, en una democracia consolidada, el miedo siga siendo utilizado como herramienta de control. Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo el poder mal utilizado puede silenciar a las víctimas y perpetuar la impunidad.
¿Dónde están las instituciones?
La falta de actuación por parte del ayuntamiento y los juzgados es un golpe directo a los valores de igualdad y justicia. Las leyes que protegen a las mujeres no son útiles si quienes tienen el deber de aplicarlas eligen ignorarlas.
La lucha contra el caciquismo no solo es una batalla política, sino también una cuestión de derechos humanos. Galicia no puede seguir siendo cómplice de un sistema que normaliza el sufrimiento de las víctimas y las deja indefensas frente a sus agresores.
La necesidad de un cambio urgente
Este caso es un llamado de atención urgente para las instituciones gallegas y españolas. No basta con aprobar leyes; es necesario garantizar su cumplimiento efectivo.
La protección de las mujeres no puede ser un mero discurso, debe traducirse en acciones contundentes contra la violencia y en el desmantelamiento de cualquier estructura de poder que perpetúe la injusticia.
Galicia merece más. Sus mujeres merecen más. Y esta familia merece justicia. La sociedad no puede seguir permitiendo que el miedo y el abuso de poder definan el destino de quienes más necesitan protección.
Es hora de decir basta al caciquismo. Es hora de que la justicia actúe.
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