Entre la esperanza y la indignación

La sanidad pública en España, durante décadas, ha sido motivo de orgullo. Un sistema universal, accesible y con profesionales altamente cualificados. Sin embargo, esta imagen de excelencia convive hoy con una realidad que cada vez más ciudadanos experimentan en carne propia: listas de espera interminables, falta de especialistas y un colapso que se agrava año tras año sin que lleguen soluciones afectivas.

Lo que debería ser un derecho básico, el acceso a la salud en un tiempo razonable, se ha convertido en una odisea. Un paciente que acude a su médico de cabecera con un problema que requiere atención especializada, se enfrenta a meses de espera para una simple consulta. Si después necesita pruebas diagnósticas o una intervención, la demora puede alargarse aún más. Mientras tanto, el dolor, la incertidumbre y la desesperación se convierten en compañeros de viaje.

Las cifras son demoledoras. En algunas comunidades autónomas, la espera para una operación supera el año. Para consultas de especialidades como traumatología, oftalmología o dermatología, los plazos pueden extenderse más de seis meses y un año. Y esto sin contar conseguir cita con el médico de cabecera, donde se producen errores y esperas para una consulta telefónica o presencial.

Uno de los grandes problemas es la escasez de especialistas. En España, cada vez más médicos se ven obligados a emigrar o a optar por la sanidad privada ante la precariedad laboral que sufre la pública. Han convertido la profesión en un campo de batalla donde los facultativos trabajan al límite de sus fuerzas.

Además, el número de plazas MIR (Médico Interno Residente), no se ha incrementado al ritmo necesario para suplir las jubilaciones y las necesidades ya existentes. Especialidades clave, como anestesiología, pediatría o medicina de familia, sufren un déficit alarmante. Sin médicos suficientes, las consultas se colapsan y las listas de espera siguen creciendo.

Mientras la sanidad pública agoniza, quienes tienen recursos optan por el campo rápido: pagar una consulta privada, pero no todo el mundo puede permitírselo. Así, se consolida una sanidad a dos velocidades, donde el derecho a la salud depende del bolsillo del paciente.

Los enfermos crónicos, los mayores y los que sufren dolencias incapacitantes son los grandes perjudicados. Viven meses (incluso años) con dolores insoportables, esperando que llegue su turno para una consulta o una intervención que podría mejorar su calidad de vida, en muchos casos cuando por fin les atienden, la enfermedad ha avanzado, complicando su tratamiento y reduciendo sus posibilidades de recuperación.

Cada año, los gobiernos anuncian medidas para mejorar la sanidad pública. Se prometen más contrataciones, reducción de listas de espera y mejoras en la atención primaria, pero la realidad, es que el sistema sigue no igual, sino peor. La falta de inversión, la burocracia excesiva y la mala planificación hacen que cualquier solución parezca un parche temporal en un barco que se hunde.

El problema no es nuevo, llevamos años denunciando la falta de recursos, la escasez de profesionales y el colapso hospitalario. Y, sin embargo, las soluciones estructurales siguen sin llegar.

La sanidad pública, que debería ser un pilar inquebrantable del estado del bienestar, se tambalea mientras miles de ciudadanos sufren las consecuencias. Las palabras ya no valen, los ciudadanos no pueden seguir soportando un sistema que les condena a meses o años de sufrimiento, es hora de exigir cambios reales: más inversión, mejores condiciones para los sanitarios y una gestión eficiente que garantice que nadie tenga que esperar meses con dolor para recibir la atención que necesita.

Se quiere aumentar el gasto en defensa, es una cuestión de prioridades y de cómo los gobiernos justifican sus decisiones, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad nacional, en un mundo donde un conflicto global podría resolverse en cuestión de minutos, con armas nucleares. En cambio, el gasto en sanidad tiene un impacto directo y tangible en la vida de los ciudadanos, no se trata solo de curar enfermedades, sino de garantizar calidad de vida, reducir el sufrimiento y evitar que la atención médica se convierta en un privilegio de quienes puedan pagarla. Pero este tipo de inversión no se percibe como “urgente” a los ojos de quienes toman decisiones, mientras que la defensa se plantea como una necesidad estratégica ineludible. Algo que no debería de ser así, ya que, en cuestión de minutos, un enajenado, pulsa un botón y se acabó toda vida humana. Porque para la mayoría de las personas, sentirse seguros no es solo estar protegidos de una amenaza militar improbable, sino saber que si enferman, recibirán atención sin largas esperas ni sufrimiento innecesario.