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Un juez ordena procesar a Fernández de Kirchner por asociación ilícita

Se compara con los líderes políticos perseguidos por "dictaduras"
Redacción
miércoles, 28 de diciembre de 2016, 00:34 h (CET)

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La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha atribuido su procesamiento en el caso Austral a una persecución política que ha comparado con las realizadas por las "dictaduras" contra "dirigentes opositores".

"Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos 'de facto' y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter, en respuesta a este nuevo revés judicial.

Fernández de Kirchner ha denunciado que Julián Ercolini, el juez federal que ha ordenado procesarla, tiene estrechos vínculos con el Gobierno de Mauricio Macri, que la sustituyó en la Casa Rosada hace un año, tras más de una década en el poder.

A este respecto, la líder izquierdista ha indicado que la mujer de Ercolini es portavoz del "ministro de Justicia 'macrista'" y ha recordado que "la causa llevaba más de ocho años en su juzgado". "¿Será que lo guardan para el futuro", ha planteado.

La ex jefa de Estado ha esgrimido asimismo que hay destacados personajes de la sociedad argentina que no han sido procesados pese a verse salpicados por distintos escándalos, mientras que en apenas doce meses ella enfrenta varias causas judiciales.

Ha atribuido esta presunta ofensiva a la acción de su Gobierno. "Tiene un costo, nada es gratis", ha sostenido. "¿Procesará también al 46 por ciento y al 54 por ciento que nos votaron en 2007 y 2011?", ha retado a Ercolini en dicha red social.

CASO AUSTRAL
Ercolini ha ordenado este martes, en una resolución de más de 700 páginas, procesar a Fernández de Kirchner por un delito de asociación ilícita y embargar sus bienes por un valor equivalente a 10.000 millones de pesos (unos 615 millones de euros).

Los investigadores tratan de dilucidar la legalidad de las obras públicas otorgadas durante el Gobierno de Fernández de Kirchner al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez. Según la Fiscalía, hubo "un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia y orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación de obra pública".

"Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados", ha apuntado, por su parte, el juez federal.

La Justicia también investiga a Fernández de Kirchner por las supuestas operaciones financieras que el Banco Central hizo bajo sus órdenes para asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio menor al previsto en los mercados internacionales.

Fernández de Kirchner está siendo investigada igualmente por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.

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