El expresidente de la Generalitat valenciana
Francisco Camps se sentará este lunes en el banquillo en la sala de lo
civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana para ser juzgado por un delito de cohecho impropio pasivo,
acusado de recibir trajes como regalo de la trama Gürtel.
De este modo, lo que él mismo en una sesión de control en las
Corts el 12 de marzo de 2009 calificó como un "ratito largo", llega a su
fin con el juicio en el que un jurado popular determinará su
culpabilidad o inocencia.
No obstante, para diversos cargos del PP valenciano, que han
ocupado responsabilidades en la administración valenciana, éste no es el
final de las derivadas de la trama Gürtel en la Comunitat, ya que queda
pendiente la causa que se sigue por supuesta financiación irregular del
partido, por un delito electoral en las elecciones locales y
autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008 y
en la que en julio de este año el magistrado instructor en el TSJCV,
José Ceres, pidió nuevas diligencias.
En concreto, en esa causa se están investigando, entre otros,
además de a Ricardo Costa, a los diputados Vicente Rambla
--exvicepresidente primero del Consell y exconsejero de Presidencia y de
Industria--, David Serra, Milagrosa Martínez --expresidenta de las
Cortes Valencianas-- y Yolanda García.
La del "ratito largo" no ha sido la única expresión utilizada por
el expresidente de la Generalitat para referirse al proceso del 'caso
Gürtel', cuya relación con la Comunidad Valenciana se conoció a
principios de febrero de 2009, con el registro de la sede de Orange
Market, una empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes', por parte de
la Policía y por orden del juez Baltasar Garzón.
Así, ha hecho alusión a él con la frase, pronunciada el 7 de julio
de 2009, de que quedaban "uno o dos escaloncitos y toda esta cuestión
tan absurda y estrafalaria habrá pasado al pasado", en el momento en que
el instructor del caso en el TSJCV, José Flors, consideraba que los
hechos que se le atribuían podrían ser objeto de cohecho.
"La verdad está más cerca que nunca", auguraba en ese momento, en
el que afirmaba tener el "cariño de la mayoría de los valencianos, que
en los últimos años me han dado su apoyo", y apostaba por que "la fuerza
de la democracia" se llevaría "por delante esta cuestión".
En la misma línea, el 30 de abril de 2009, a raíz de la
insistencia de la oposición en las Cortes Valencianas para que aclarara
una conversación telefónica con Álvaro Pérez publicada en los medios --y
al que se dirigía como 'amiguito del alma'--, afirmaba tener unas
"ganas locas, pero locas" de explicar "qué hay" en este caso, ya que
afirmaba que no había "nada".
El 19 de febrero de ese año se publicaron las primeras
informaciones sobre la vinculación de Camps con la trama y el
expresidente de la Generalitat compareció, flanqueado por todo su
gobierno y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para desmentirlo.
Aseguró sentirse "profundamente indignado" por las informaciones
que se hacían eco de que la Fiscalía le implicaba en el caso a raíz de
unas grabaciones a una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en
trajes para él. El entonces presidente de la Generalitat enmarcó la
situación a un "extraño proceso de sumario y de filtraciones
interesadas" para "dividir" el partido ya que atribuía su "culpa" en
este caso a las encuestas que daban una mayoría superior al PP sobre el
PSPV para las elecciones.
"Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia, de
esta amarga situación", aventuraba Camps, que revalidó su mayoría
absoluta al frente del Gobierno valenciano en las elecciones de mayo de
2011, sin que el efecto de esta causa hiciera mella en el resultado.
Sin embargo, dimitió dos meses después, el 20 de julio, después de
que el instructor de la causa decidiera abrir juicio oral contra él y
los cuatro acusados, y tras valorar si pagaba la multa para evitar el
juicio, y cuando ya estaba todo dispuesto para que firmara su
conformidad en este procedimiento. Ni él ni el ex secretario general del
PPCV y actual diputado, Ricardo Costa, lo hicieron. Sí admitieron su
culpabilidad los otros dos: Rafael Betoret y Víctor Campos, que
declararán como testigos en el juicio.
"Ofrezco mi sacrificio a España", pronunció Camps, que se declaró
"completamente inocente", con menos dinero que cuando llegó al Consell y
con la pretensión de no ser "un obstáculo" para que Mariano Rajoy
pudiera ganar los comicios de noviembre.
"Conmigo otras personas también están acusadas de infamias y
mentiras por el solo hecho de no poder ganarnos en las urnas nunca",
proclamó, y auguró que "muchas personas" tendrían que "bajar la cabeza
por la barbarie que durante estos años han ido cosiendo para intentar
tapar la ilusión democrática, legítima y de libertad del pueblo
valenciano".
La primera vez que aseguró públicamente que se pagaba sus trajes
fue el 10 de marzo de 2009 en una conferencia organizada por un medio de
comunicación, donde, preguntado por si se pagaba sus trajes, contestó:
"claro, yo me pago mis trajes" y daba las gracias a quienes se habían
acercado a él para decirle "adelante presidente, adelante Paco, adelante
compañero".
No obstante, el expresidente del Consell no se prodigó en
declaraciones públicas en sus últimos años de gobierno ya que sus
comparecencias fueron cada vez más reducidas y sin aceptar preguntas.
La oposición ha criticado en reiteradas ocasiones asimismo su
ausencia de las Cortes Valencianas, calificándole como "presidente
ausente". En la misma línea, en su declaración ante el juez instructor,
realizada el 20 de mayo de ese año, Camps aseguró que "nunca" pide el
ticket de compra de sus adquisiciones y que paga con dinero en efectivo
que le da su mujer y compra "muy poco". Asimismo, negó mantener alguna
relación de amistad con 'el Bigotes' y atribuyó su contacto a "relación
de partido".
"Niego la mayor. Que esto sinceramente, no tiene sentido alguno,
que a mi nadie, nunca jamás, me ha pagado un traje, nunca, que no lo
habría permitido", aseguró al juez.
Por su parte, Ricardo Costa llega al juicio únicamente con el
cargo de parlamentario y tras dos años en los que Génova le llegó a
suspender de militancia durante diez meses por atribuirse la condición
de número dos del partido en la Comunidad cuando la dirección nacional
del PP le daba por cesado por su actitud ante este caso.
Durante una comparecencia ante los medios el 13 de octubre de
2009, horas antes de quedar "suspendido" de sus cargos, exigió al PP que
defendiera su imagen porque no veía razonable ser una "cabeza de
turco", negaba haber recibido ningún traje regalado y calificaba de
"desafortunadas" algunas conversaciones que mantuvo con personas
imputadas en la causa, publicadas por los medios, por las que pidió
disculpas. Tras diez meses de suspensión de militancia, el PP le levantó
la sanción por buen comportamiento y colaboración con el partido.
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