El Consejo de Ministros aprobará hoy su
anunciada reforma del mercado laboral, de la que mucho se ha hablado de
sus objetivos y muy poco de su contenido. La ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha amparado en el "respeto
institucional" para no divulgar la letra pequeña de la reforma y ha
remitido al Consejo de Ministros de hoy para conocer el texto íntegro de
la misma.
Este 'mutismo" del Gobierno sobre qué medidas contempla la
reforma ha generado un gran malestar entre los sindicatos, que no
encuentran precedentes de lo que está pasando. En otras ocasiones en las
que el Ejecutivo decidió actuar unilateralmente al menos fueron
consultados, según recuerdan fuentes sindicales.
Pero en esta ocasión, dicen las fuentes, nada hasta el
momento. Aseguran que Empleo no les ha hecho llegar ningún documento
sobre lo que piensa aprobar el Gobierno, ni tampoco han sido convocados
para conocerlo, tal y como han pedido reiteradamente en las últimas
semanas al objeto de poder opinar sobre la reforma.
La reforma laboral llega al Consejo de Ministros en medio de
un enorme crisis de empleo, con casi 5,3 millones de parados, según el
registro del antiguo Inem, y menos de 17 millones de afiliados a la
Seguridad Social, cifra de la que España no se apeaba desde 2004.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto
trimestre de 2011, la tasa de paro ya alcanza el 22,85%, un porcentaje
inédito para la economía española desde el primer trimestre de 1995
(23,49%). Pero la cosa parece que no va a acabar aquí.
El Servicio de Estudios de BBVA estima que la tasa de paro
escalará hasta el 24,4% en 2012 y hasta el 24,6% en 2013. De cumplirse
esta última previsión, y utilizando series no comparables, sería el
nivel más alto desde 1976.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha advertido de
que la situación del empleo "empeorará" en 2012 y ha lanzado el
siguiente mensaje: la reforma laboral que ha diseñado el Gobierno será
"amplia, profunda, equilibrada y útil" para favorecer la competitividad,
la creación de empleo y la estabilidad laboral.
La ministra Báñez, por su parte, añadió este jueves más
adjetivos a la reforma: será "completa y no un parche", y tratará de
frenar "a corto plazo" la sangría de la destrucción de empleo.
Para conseguir este objetivo, se trabajará en cuatro líneas
básicas: mejorar la empleabilidad de los desempleados; dar más
estabilidad al empleo; fomentar la formación a lo largo de toda la vida
laboral, e introducir una mayor flexibilidad interna en las empresas
para que cuando vengan mal dadas, empresarios y trabajadores puedan
adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan
vía despidos.
La reforma perseguirá además el impulso a la participación del
sector privado en la intermediación laboral dado el escaso éxito de los
servicios públicos de empleo en esta materia (sólo consiguen colocar al
3% de los parados), e incluirá medidas para fomentar el autoempleo.
Una de ellas, anunciada este mismo jueves por la ministra, es
que se permitirá en el medio plazo que los jóvenes puedan capitalizar el
100% de la prestación por desempleo, y no el 80% como hasta ahora, si
montan un negocio propio.
Se sabe además, porque también lo ha dicho Báñez, que la
reforma laboral no incluirá el contrato único por "inconstitucional", ni
'minijobs' a 400 euros, ni tocará el sistema de protección por
desempleo más allá de que se tome alguna medida para impedir que se
produzca fraude con las prestaciones. De hecho, la ministra ha anunciado
un "exigente plan" de lucha contra el fraude en el cobro de
prestaciones por desempleo y bonificaciones, que contemplará adicionales
de control a las ya existentes.
Además, la reforma contemplará medidas para facilitar el
descuelgue en la negociación colectiva y dará prioridad a los convenios
de empresa, tal y como ha avanzado en alguna ocasión el propio Rajoy.
El 'quid' de la reforma, donde se está centrando gran parte
del debate, es qué pasará con la contratación y el despido. El ministro
de Economía, Luis de Guindos, cree que las modalidades de contratación
actuales (más de 40) deben simplificarse, opinión que también ha
expresado la CEOE.
Una vez descartado el contrato único, Báñez ha dicho que el
Gobierno partirá de "figuras contractuales" que ya existen pero que "no
funcionan" antes de introducir cambios en la legislación sobre
contratos.
Lo más probable es que el Gobierno decida generalizar el
contrato de fomento del empleo estable (33 días por año trabajado de
indemnización por despido improcedente), lo que a larga supondría la
extinción del contrato indefinido de 45 días por año trabajado. Y hay
quien no descarta que vaya a hacer oídos a la patronal e implante el
contrato de 20 días por año trabajado.
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