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Primavera valenciana

Las agresiones de los manifestantes y los ataques a la sede del Partido Popular en Valencia, dejan bien claro que no existe pacifismo alguno en sus reivindicaciones y que por tanto debe de haber una regularización
Juan José Sánchez Soto
miércoles, 22 de febrero de 2012, 08:32 h (CET)
La llamada primavera valenciana está teniendo una gran repercusión en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Cada medio, cada tuitero lo vende a su manera desde su punto de vista, según lo vive como ciudadano de Valencia o según se lo cuenten. Yo he tenido la oportunidad de que me lo contaran amigos míos de Valencia, y además informarme a través de los diferentes medios de lo que realmente está pasando.

Que los estudiantes quieran protestar por cualquier motivo están en todo su derecho de manifestarse y de quejarse pacíficamente, faltaría menos. Pero pacíficamente. Igual que los sindicatos tienen todo el derecho del mundo de convocar movilizaciones contra la reforma laboral el pasado domingo pese que afirmaran sus líderes que no se habían leído la letra pequeña de la reforma. Toda manifestación es legítima pero no podemos pretender manifestarnos con el “todo vale” y actuar como si de una anarquía se tratara, agrediendo a los cuerpos de seguridad del Estado.

Las agresiones de los manifestantes y los ataques a la sede del Partido Popular en Valencia, dejan bien claro que no existe pacifismo alguno en sus reivindicaciones y que por tanto debe de haber una regularización por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado que obviamente no gustan a nadie. Ni a la policía claro.

Por tanto, mientras el presidente de la federación de estudiantes de Valencia, por ejemplo, siga diciendo frases como: “vamos a continuar quemando las calles” y #AcampadaValencia busque ahora su protagonismo en este contexto, seguirá habiendo este tipo de imágenes que son, han sido y serán lamentables como sociedad que mostramos al exterior y que acaban dejando en una situación penosa a nuestro país.

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Parece que algunos medios vienen a decir que no ha sentado bien por estas tierras que algunas multinacionales de la gran comunicación —modelos del gran capitalismo operante—, que se ventila en las redes sociales, no hagan caso a los jefes políticos de aquí y hayan decidido pasar de la censura, siguiendo la nueva tendencia política, con destino a ser exportada.

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González Amador está acusado de dos delitos de fraude fiscal y un tercero por falsedad documental y proponía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros para evitar ir a juicio, con lo que reconocía sus delitos y sería un "defraudador confeso" (D.C).

 
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