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Operación Chamartín (XXVI) | |||
| Una china en el zapato: ‘los reversionistas’ | |||
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En el verano de 2017, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y Distrito Castellana Norte (DCN) llegaron a un acuerdo para relanzar la Operación Chamartín. Lo llamaron ‘Madrid, Nuevo Norte’ y de él se publicaron los aspectos que se incluyeron en las Notas de Prensa. Puestos a buscar, descubrimos que en ese acuerdo se decidió una modificación del Plan General que se iba a empezar a preparar (Operación Chamartín XXV, Pacto Secreto: Negocio para el BBVA y aleluyas para el Ayuntamiento). Se pretendía un Planeamiento Inicial, cuya redacción se acabaría en enero de 2018, para, una vez perfeccionado, conseguir la aprobación definitiva a finales del 2018. En esas estamos. Parece que se está trabajando en la propuesta de modificación del Plan General. Pero hay algo que no se sabe: ¿Qué va a pasar con los derechos de los afectados? Sin ánimo de enredo, hoy parece oportuno detenerse en lo que en esta situación pudiera suponer un obstáculo, o china en el zapato: la existencia de los llamados ‘reversionistas’, cuyos derechos (por mejor decir, la gestión de sus derechos) estuvieron presentes en la adjudicación del concurso de RENFE en 1993. Ha pasado tiempo, pero volvamos la vista a 1993. Recordemos el concurso convocado por RENFE para desarrollo de la Operación Chamartín. En aquel concurso, la oferta que resultó adjudicataria tenía dos particularidades que fueron determinantes: Si algún antiguo expropiado solicitaba la reversión de sus terrenos, el adjudicatario se ocupaba del asunto. La otra era la forma de la oferta: No se adquirían terrenos y derechos de forma inmediata, sólo se obtenía el derecho a comprarlos cuando se consiguieran los futuros derechos urbanísticos. De esa forma, RENFE se quedaba en una posición neutra frente a cualquier problema. Con este artificio, el embolado pasaba a un adjudicatario que podría gozar de un plazo de demora para solventar dificultades. O, lo que es lo mismo, RENFE y el adjudicatario aplazaban sine die el asunto. Todo en una situación en la que la expropiación de terrenos y su reversión supone algo habitual, ya que es improbable que la superficie necesaria para construir una obra coincida con la superficie de las fincas expropiadas. Normalmente, por precaución, se suele expropiar más de lo necesario; y eso da lugar a que los expropiados soliciten la reversión o devolución de los terrenos no usados. Ésta es una dinámica que conoce RENFE desde antes del concurso. Pero en este caso hay algo más. Porque no se trata de terrenos sobrantes. Son terrenos que se pretendían para uso ferroviario y a los que se les va a dar otro uso: Los va a usar un promotor inmobiliario (DCN, participado por BBVA y Constructora San José) y va a obtener unos beneficios que va a repartir con RENFE. Por ello, es lógico, a la hora de evaluar los méritos de los licitadores en el Concurso, debieron preverse las posibles reclamaciones de los propietarios expropiados. Ahora, es obvio, confluyen enfrentados aquel mérito rentable y el interés de los antiguos propietarios. Cabe suponer que las opciones que tenía el adjudicatario eran dos: Admitir la reversión de terrenos a los propietarios con derechos y participar con ellos en la Junta de Compensación correspondiente. O compensarles, con dinero o edificabilidad futura, para adquirir sus derechos de reversión. Pero ambas soluciones se han desechado. En su lugar, se ha optado por negar la mayor mientras aparecía una campaña de desprestigio del derecho de reversión. En este ambiente aparecen ‘los reversionistas de la Operación Chamartín’ como una especie desprestigiada a la que, a priori, parece que se le pretende negar todo. Lo más llamativo es que la Administración, no sólo RENFE, desde hace tiempo, parece haber tomado partido en un contencioso ajeno (entre adjudicatario y reversionistas), que ni le iba ni le venía, para ponerse al lado del adjudicatario-promotor y en contra de los propietarios de terrenos. En los Diarios de Sesiones de Congreso, Senado y Comunidad de Madrid hay intervenciones de políticos que mezclan la reversión con la especulación y los retrasos de la Operación Chamartín. Hoy, mientras se prepara la modificación del Plan General, el problema de la reversión sigue pendiente. Desde DCN se dice que los reversionistas han perdido todos los pleitos que iniciaron y que las nuevas leyes sobre el asunto son perjudiciales para ellos. Sin embargo, eso no impide que, una vez que se desafecten los suelos de su uso ferroviario, los antiguos propietarios puedan reclamar la reversión de los terrenos que no fueron usados para el fin inicial. En esta situación y a pesar de los silencios, la batalla judicial parece inmediata. Sin prejuzgar y resumiendo, lo que ocurre es que terrenos expropiados para uso ferroviario van a ser utilizados con fines lucrativos ¿Pelotazo? Con ello, además del litigio judicial, surge una cuestión moral que afecta a todos: poderes públicos, grupos políticos, medios de comunicación y ciudadanos. Se puede especular con los medios que puedan emplear los posibles litigantes en cuanto a dinero, campañas de información e imagen y abogados. Pero no se va a poder evitar que, además de la batalla jurídica, se produzca una consideración ciudadana sobre cómo se conduce la Administración pública o, por mejor decir, los administradores públicos y representantes políticos de Ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos. Todos, unos y otros, pueden optar por: La neutralidad. Decantarse por DCN o por los antiguos propietarios. O buscar una tercera vía de negociación, que es propia de la actividad política, entre el adjudicatario del concurso convocado por Renfe en 1993 y los reversionistas. Esa tercera vía podría paliar inconvenientes de la china en el zapato y propiciar un acuerdo que eche a andar la Operación Chamartín. También, evitar que se plantee lo que a la hora de redactar éste alguien apunta: La solicitud de inclusión en el Código Penal de correcciones para quienes pretendan beneficios de las restricciones del derecho de reversión. |
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