Narcometrópoli (III)

El caso Unimed Pharm Chem y los narcos dólares en la política mexicana

En marzo de 2007 la policía de Ciudad de México y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) llevaron a cabo un allanamiento que terminó con el decomiso de unos 206 millones de dólares en efectivo en una mansión de la capital, se trataba de la residencia de Zhenli Ye Gon, un empresario chino con nacionalidad mexicana conseguida con carta de naturalización entregada en 2003 por el presidente Vicente Fox (2000-2006), que a través de una de sus cinco sociedades, la Unimed Pharm Chem, se enfocaba en la compra e importación de recursos químicos. Se narra que los agentes tuvieron que contar billetes durante una semana, mientras tanto siguieron con las indagaciones que aclararon que, desde 2003 hasta julio de 2005, el hombre de negocio se había dedicado a adquirir ilegalmente 33.875 toneladas de efedrina, seudoefedrina y clorhidrato de seudoefedrina, sustancias consideradas psicotrópicas por la legislación mexicana y sujetas a autorización previa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Los investigadores sospecharon que el dinero procedía directamente de la producción y comercialización de drogas sintéticas, indicio que encontró acreditación durante el proceso en Estados Unidos sobre el pedidode extradición, en que el juez federal John M. Facciola confirmó los cargos en contra de Zhenli Ye Gon y otros cómplices: Bernardo Mercado Jiménez, experto químico, María Eugenia Mayorga Cano, cuñada del acusado, Susana Gomez, ingeniera de Unimed y mano derecha del empresario, y José Obed Olvera Salguero, su chófer personal. Aunque el gobierno de Felipe Calderón definió la operación “Dragón” como un golpe mortal a las arcas del narcotráfico, de hecho, los cárteles, seguros de su impunidad, continuaron traficando y consiguiendo enormes ganancias sucias. Zhenli Ye Gon, confinado en la prisión estatal de Virginia, fue considerado el gerente de un provechoso proveedor ilegal de metanfetaminas enviadas a EE. UU. – un producto que encuentra largo consumo en el país, particularmente, entre los jóvenes – pero, bajo el punto de vista legal, no se llegó a comprender como funcionaba el negocio. A las autoridades judiciales estadounidenses extrañamente siempre les faltaron informaciones sobre la compleja actividad ilícita, y aparte el dinero decomisado y depositado por el gobierno de Calderón en el Bank of America de EE. UU. para ser sucesivamente incautamente repartido entre diversos organismos institucionales, no se encontraron testigos dispuestos a declarar en juicio ni pruebas de venta al por mayor y al por menor de la droga, y lo que es más, el cargamento de seudoefedrina incautado por las autoridades fue destruido por una orden judicial de Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de la República (2006-2009), y sucesivamente, a pesar de aquel inexplicable descuido, promovido bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018, siguiendo en el cargo) – una clara demostración de estima de los altos mandos del Partido Revolucionario Institucional de México (PRI) hacia él – antes como embajador en Reino Unido (2009-2013) y EE. UU. (2013-2015), y luego, desde marzo de 2015, nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el máximocargo del poder judicial. El enredo en el proceso de entidades del mundo de arriba desataron la conjetura que Zhenli Ye Gon fuera un intermediario dedicado al blanqueo de capitales de uno o más carteles de la droga (Sinaloa, Beltrán Leyva y Los Zetas) y de cúpulas del poder político con el apoyo fundamental de grandes empresas e instituciones financieras, pero como subrayó el juez Alan Kay, que administró el caso en sus primeras fases, tuvo una falta de determinación del gobierno estadounidense dada la escasez de evidencias presentadas y la negligencia al investigar las conexiones del acusado con políticos y salas de azar de Las Vegas, donde solía apostar enormes sumas de dinero, llegando a perder 125 millones de dólares sin desconcertarse.

De otra parte, el empresario en una entrevista a un importante medio de comunicación, afirmó que el dinero encontrado en su residencia no les pertenecía a narcotraficantes sino a operadores políticos, según su relato, éstos últimos ocultaban recursos para financiar las campañas electorales, especialmente los comicios presidenciales de 2006, incluso comprando consensos, al parecer 20 dólares por un voto, 50 por dos, 100 por tres, hasta llegar a los 500 dólares. En sus revelaciones identificó el encargado de las entregas de fondos como Javier Lozano Alarcón, una veleta de la esquizofrénica política mexicana, que fue antes exponente y portavoz del PRI cubriendo varios cargos gubernamentales, luego, desde 2006, afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) y Secretario del Trabajo y Previsión Social (de 2006 a 2011) y sobre todo hombre de confianza de Felipe Calderón (ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de2006 a 2012, con fuertes enlaces con el entorno académico estadounidense, tanto que fue nombrado investigador de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard en enero de 2013) hasta volver al PRI en enero de 2018 como vocero de campaña de José Antonio Meade. También el reo añadió que les otorgaron armas de largo alcance para fomentar una actividad terrorista a gran escala, en el caso de que las elecciones fueran ganadas por la agrupación opositora de Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), objeto de hostigamiento y marginación por parte tanto del PAN como del PRI. En efecto, el candidato del PRD fue derrotado en 2006 por un pugnado de votos (233 mil) y siempre rechazó la victoria del PAN y de su líder acusándolos de fraude, dado que el recuento parcial de los votos por el Tribunal Electoral – sólo fueron examinadas 11.839 urnas o sea el 9.2% del total – acertó diversas irregularidades que llevaron a decretar la anulación de unos 10 mil votos reduciendo el margen de ventaja de Calderón de 0,58% a 0,56% (14.916.927 votos contra los 14.683.096 del político izquierdista).

Las luces en el cuento de Ye Gon y el fracaso anunciado del Plan Mérida

Las palabras de Ye Gon parecen tener sentido visto que durante el registro de su morada y oficina los integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del FBI descubrieron un fusil AK-47 y varias armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas mexicanas, entre otras dos semiautomáticas de 9mm, una pistola 9mm y un revolver calibre 45 encontrado cerca de 12 bolsas llenas de clorhidrato de seudoefedrina. Si todas esas armas y ese montón de dinero eran de proveniencia del narcotráfico no se comprende la mala actuación de las autoridades policiales y judiciales de México y EE. UU. y, al mismo tiempo, la razón de la solicitud de asilo político presentada al gobierno norteamericano por el acusado en que declaraba su miedo a ser asesinado como chivo expiatorio de una “conspiración organizada por el corrupto y persecutorio PAN”, que quería utilizarlo para tapar escándalos, fondos negros y corrupción de su gobierno (2000-2012). En particular, un confidente de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), sostuvo la hipótesis que el dinero hallado era de Marcos Arturo Beltrán Leyva, alias “El Jefe de Jefes” o “El Barbas”, ya fiel lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor De Los Cielos”, y sucesivamente afiliado al Cartel de Sinaloa bajo el mando de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”, uno de los mayores narcotraficantes mundiales, actualmente detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés) después de fugarse dos veces, de manera inexplicable, de cárceles mexicanos de máxima seguridad (Puente Grande en 2001 y Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en 2015). La investigación se enfoca en la difícil relación en aquel tiempo entre el Cártel de Sinaloa, liderado por “El Chapo Guzmán”, y el que se convertiría en el Cártel de Beltrán Leyva, encabezado por “El Barbas”, y a la vez, en los vínculos de esos grupos criminales con el ambiente político gubernamental y los servicios de inteligencia nacional (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN) y extranjera, es decir, la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés). Una de las tesis más acreditada es que el Cártel de Beltrán Leyva a través de esos ingentes capitales buscó congraciarse con el ejecutivo mexicano para asegurarse, por una parte, protección por su organización, especialmente activa en la frontera entre Arizona y el estado de Sonora, y por otra parte, desbancar a la mafia de Sinaloa en su relación privilegiada con el presidente Felipe Calderón, dado que “El Barbas” consideraba al “Chapo Guzmán” responsable de haber entregado a su hermano, Alfredo Beltrán Leyva, durante la segunda operación de la guerra contra el narcotráfico – el “Operativo Conjunto Michoacán” que seguía la primera etapa de carácter policiaco-militar llamada “México Seguro” –promovida por el gobierno a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando llevaba sólo 10 días en el poder. “El Chapo” mientras se dedicaba a financiar al PAN y al PRI (transferencias de narcodólares), a partir de 2004, habría estado utilizado como informante por la DEA, brazo operativo en la guerra contra el narcotráfico, para erradicar las bandas de la zona noroeste, central y sureste de México (Cártel del Golfo, Cártel de Juárez, Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Negros y sus fragmentaciones), recibiendo a cambio inmunidad judicial a todo proceso en EE. UU. y como contrapartida adicional la de infligir duros golpes a los cárteles rivales, en particular, los de Tijuana y Beltrán Leyva. En realidad, si se examinan los éxitos de la campaña por la legalidad durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), se descubre que los grupos más afectados por las detenciones y las ejecuciones fueron Los Zetas, el Cártel del Golfo y el de Beltrán Leyva, cuyo jefe fue matado por integrantes de la infantería de marina el 16 de diciembre de 2009 en la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos, después de haber cerrado, en 2008, una alianza con Los Zetas y ser designado en el mismo año – por voluntad del presidente George W. Bush – en la lista I del Kingpin Act, o sea, la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, que permite perseguir en el exterior, por medio de la extradición, los capos de organizaciones narcotraficantes consideradas como amenazas globales a la seguridad nacional estadounidense, además de embargar todos sus bienes y bloquear sus transacciones financieras.

Esa estrategia que ha sido reforzada con la notoria Iniciativa Mérida (2008), un plan de Washington para acabar con el crimen organizado en América Central y que se ha mantenido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no es una novedad, puesto que la DEA ya la implementó en Colombia a los principios de los años 90', cuando para capturar vivo o muerto a Pablo Escobar Gaviria se comprometió a entrenar, armar e instruir a la organización terrorista de los PEPES (acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar), integrada por narcotraficantes bajo el mando de los hermanos Castaño y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, los cuales recibían financiaciones directamente por los caballeros de Cali, históricos antagonistas de la facción de Medellín. Sea como sea, la DEA después de proponer pactos de no beligerancia y servirse de despiadados matones para alcanzar sus objetivos, casi nunca les deja libres o con vida, así que tanto los cabecillas del Cártel de Cali – que a partir de la muerte de Escobar en 1993 se convirtió en exportador global de la cocaína (70-80% del mercado en EE. UU y 90% en Europa) – como los de los PEPES fueron eliminados o encarcelados. Entrando en los detalles, Gilberto Rodríguez Orejuela, “El Ajedrecista”, capo del Cártel del Valle del Cauca, fue detenido desde 1995 hasta 2002 en Colombia y sucesivamente, en diciembre de 2004, extraditado a EE. UU., su hermano, Miguel Rodríguez Orejuela, apodado “El Señor”, sufrió el mismo procedimiento judicial el 11 de marzo de 2005 después de 15 años de reclusión (fue capturado en 1995 en Cali), al igual que Diego Fernando Murillo Bejarano, extraditado en mayo de 2008; peor suerte tuvo José Santacruz Londoño, o simplemente “Chepe”, el tercer hombre más importante del Cártel de Cali, que fue abatido el 5 de marzo de 1996 en Medellín oficialmente por agentes de la policía, sin embargo esa versión de los acaecimientos sigue cuestionada por algunos chivatos que individúan los mandantes y ejecutores en Carlos Castaño y el Cártel del Norte del Valle, la agrupación delincuencial que intentó tomar un papel central después de que los hermanos Orejuela le “aconsejaron” alejarse de su feudo para llevar a cabo un acuerdo con el gobierno de Colombia que les prometía, no se sabe si con verdadera intención, un máximo de 5 años de prisión sin extinción de dominio sobre sus bienes, si hubieran desmontado el negocio de los narcóticos. Porúltimo, fueron asesinados o desaparecieron en circunstancias poco claras, Hélmer Herrera Buitrago, alias “Pacho”, ejecutado por un falso abogado en la cárcel de Palmira en 1998, José Vicente Castaño Gil, llamado “El Profe”, cuyo paradero sigue sin conocerse desde 2006, y Carlos Castaño Gil, apodado “El Comandante”, que según la Fiscalía General fue asesinado en 2004, seis días antes de que se estudiara su extradición a EE. UU., mientras que la Corte Suprema de Justicia colombiana, en 2007, afirmó no tener pruebas suficientes de su muerte a pesar de que restos del cuerpo fueron exhumados y considerados pertenecer al jefe paramilitar.

Hay unas semejanzas entre la manera de enfrentar el tráfico de estupefacientes en Colombia y México, así como en la trayectoria delincuencial del “Chapo Guzmán” y la de los padrinos colombianos de la droga. En el primer caso la lucha contra el narcotráfico impuesta por el gobierno estadounidense con el asesoramiento, y a menudo, con la asfixiante supervisión de la DEA, el FBI y la CIA, en cambio de promover mayor seguridad ha empeorado el clima social, económico y legal de esos países hundiéndolos en la espiral de homicidios dolosos. Unos pocos datos bastan para comprobarlo, durante los últimos veinte años en la tierra de Gabriel García Márquez (autor del importante obra “Noticias de un secuestro” sobre la estrategia del terror de “Los Extraditables”), el puño de hierro del estado – conforme al Plan Colombia inaugurado en 1999 por la administración Clinton y la del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) – no ha logrado estancar los grupos mafiosos, paramilitares y las guerrillas, todos involucrados en el negocio de los narcóticos, al tal punto que con sus diversas organizaciones siguen enviando el 80% de la cocaína que se consume en Estados Unidos y también en Japón y Europa, aprovechando de un complejo entramado que cultiva la hoja en Perù, Bolivia y en la misma Colombia, adquiere precursores químicos para su producción desde el extranjero (principalmente cárteles colombianos y ecuatorianos que compran en Oriente) y, al final, se dedica a la industrialización y suministración de los narcóticos (operaciones dominadas pos los cárteles colombianos y mexicanos). Otro elemento que confirma la frustración de la opción militar es que en Colombia en 2016 se registraron 12 mil 262 asesinados, una cifra muy por debajo de los 28 mil 837 homicidios de 2002, pero con una tasa de 25.2 homicidios por cada 100 mil habitantes superior a la de América Latina que está cerca de 21 (datos Reportaje WOLA 2016), síntoma que tampoco el acuerdo de paz con las FARC – empezado con negociaciones en 2012 y luego aprobado en el Congreso en noviembre de 2016 – ha representado una barrera contra la violencia desencadenada por la conquista del mercado de las sustancias psicotrópicas, a la vez que se han disparado, desde 2013, los sembradíos de hoja de coca y la capacidad para confeccionar cocaína, que en 2016 ha alcanzando el nivel más elevado desde 2001 con 188 mil hectáreas y una producción de 710 toneladas métricas anuales, es decir, 65 mil hectáreas más que en 1999, año de inicio del Plan Colombia (datos del Departamento de Estado y la DEA de agosto-septiembre de 2017).

La situación de México es similar, el aludido Plan Mérida – que se puede definir en muchos aspectos un duplicado del Plan Colombia excepto por las controvertidas fumigaciones de las plantaciones con el peligroso glifosato – no ha tenido éxito, lo confirman no sólo los 120 mil 935 homicidios dolosos del sexenio de Felipe Calderón sino también los 114 mil de lo que va del mandato de Peña Nieto, con un repunte en el 2017 durante el cual, hasta los finales de noviembre, se han contabilizados 23 mil 101 casos, un dato que lleva la tasa a 18.70 homicidios por cada cien mil habitantes, una destacada subida respecto a la de 2016 (15.31) y 2015 (12.77) y que incluso supera el registro de 2011, considerado el año mas violento desde cuando, en 1997, se produjo una estadística oficial (datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP). Tampoco se ha llegado a desmantelar las redes de las droga, de hecho, cuando una de estas asociaciones sufre detenciones, mutilaciones e incluso la completa desarticulación, se crea un vació que es llenado prontamente por otras estructuras que se apoderan del territorio sin mando, por ejemplo, en Colombia la aniquilación de los poderosos narcotraficantes de los 80' y 90' ha sólo simplificado el entorno delincuencial, dado que ahora son tres los grandes cárteles activos en el país: Los Úsuga o Cártel del Golfo, Los Rastrojos y los disidentes del Ejército Revolucionario Popular Antisubersivo de Colombia (ERPAC) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) – entre los que sobresalen La Oficina de Envigado, el Bloque Meta y los Libertadores del Vichada – además de muchos grupos menores nombrados como BACRIM, o sea, bandas criminales emergentes. El mismo panorama se presenta en México, donde la captura o la eliminación de importantes cabecillas (Marcos Arturo Beltrán Leyva, Teodoro García Simental, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, Heriberto Lazcano Lazcano, Miguel Ángel Treviño Morales, Nazario Moreno González, Vicente Carrillo Fuentes,Óscar Omar Treviño Morales, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y otros) no ha derrotado las mafias, antes bien ha producido una sangrienta tribalización del conflicto en que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha alcanzado el mayor crecimiento de todas las organizaciones narcotraficantes, al mismo tiempo que Los Zetas, el Cártel de Tijuana y el de Juárez han perdido fuelle en favor del cada vez más poderoso Cártel de Sinaloa. Al final, la represión sólo ha alterado el equilibrio entre los sietes mayores clanes mexicanos (Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel de Juarez, Cártel de Tijuana, Cártel del Golfo, Cártel Beltrán Leyva y Los Zetas) sin menoscabar su capacidad de exportar droga a Estados Unidos, por el contrario, además de ser los principales intermediarios de la cocaína procedente de América Latina se han convertidos en monopolista de la heroína consumada por los norteamericanos, con una cifra situada entre el 90% y el 94% (Briefing on the International Narcotics Control Strategy Report del 2 de marzo de 2017, realizado por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs).