La Cámara de Diputados de México aprueba las primeras leyes secundarias de la reforma judicial

La Cámara de Diputados de México ha aprobado este lunes las primeras dos leyes secundarias de la reforma judicial para regular la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, una legislación que ya fue decretada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador poco antes de dejar el cargo.

Tras la votación, que se ha producido tras un intenso debate en torno a un sorteo realizado para seleccionar al azar a 464 los magistrados de circuito y 386 jueces de distrito que serán relevados, el Senado ahora podrá emitir la convocatoria de las primeras elecciones previstas para el 1 de junio de 2025, según el diario 'Milenio'.

Las leyes han sido aprobadas en lo general con 336 votos a favor y 123 en contra, y prevén que estos cargos sean electos mediante una mayoría relativa y por voto directo de los ciudadanos mexicanos en el primer domingo de junio del año que corresponda. Los miembros de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los titulares de tribunales de circuito y juzgados de distrito serán elegidos en 2025, mientras que el resto lo será en 2027.

La presidenta de México, Clauida Sheinbaum, ha defendido que se trata de un proceso realizado al azar debido a que su Gobierno creará una comisión de "mujeres y hombres honestos" para seleccionar a los magistrados que podrán presentarse mediante una "tómbola".

"Viene una convocatoria, se inscriben quienes quieren participar. Tienen una serie de requisitos, hay una primera selección de quienes van a participar y después de eso hay una selección, y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del primero de junio del 2025", ha añadido durante una intervención publicada en su cuenta de la red social X.

Esta polémica reforma incluye, además de la elección directa de jueces, que la Suprema Corte de Justicia esté compuesta por nueve miembros en lugar de por once y la desaparición del Consejo de la Judicatura. López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones al poder judicial de servir a la oposición y actuar por intereses políticos.