Procesos de intención

MADRID, 22 (OTR/PRESS) Con la normalización del despropósito en la vida nacional es inevitable procesar las intenciones del Gobierno. O las que toman otros inspirados en el miedo al poder regulador del Gobierno. Todas nacen bajo sospecha de estar reflejando el braceo de Sánchez por garantizarse la continuidad en el poder.

Dos ejemplos muy a mano. Uno, la anunciada reforma legal que pretende modificar la normativa de acceso a las carreras judicial y fiscal, a fin de suavizar el sesgo conservador de estas. Y otro, la decisión del Banco Sabadell de devolver su domicilio social a Cataluña, de donde se fue huyendo del "proces" independentista en 2017.

La reforma de la Ley del Poder Judicial, alumbrada en el Consejo de Ministros del pasado martes, parece una reacción defensiva más frente al supuesto alineamiento de jueces y fiscales en la conjura de la derecha-ultraderecha contra un Gobierno progresista al que tanto debe el pueblo soberano, según el relato oficial de Moncloa.

Si nos abstraemos de la insoportable politización que contamina el debate público, llegaremos a la conclusión de que la reforma es innecesaria, porque el principio de igualdad de oportunidades para quienes quieran ser jueces o fiscales, al margen de su extracción social (sistema de becas, entre otras cosas), ya está recogido en nuestro Estado social y democrático de derecho casi desde la cuna.

Si la intención de Moncloa no estuviera inspirada en la necesidad de desactivar el control judicial sobre conductas poco ejemplares de personas del Gobierno o próximas al Gobierno, se hubiera hecho extensiva a notarios, registradores de la propiedad, diplomáticos, etc, que también pasan por ser nichos conservadores de la sociedad.

En cuanto al retorno del Sabadell a su tradicional sede catalana (se trasladó a Alicante a raíz de la revuelta separatista), juega a favor del socialista Illa, presidente de la Generalitat, Por eso se ha visto como un favor a Moncloa a cambio de tener al Gobierno de su parte en la OPA formulada por el BBVA. Pero yo creo que se ha hecho justamente como agradecimiento a que el Gobierno ya se haya puesto de parte del Banco Sabadell.

Sin negar que el cambio de sede favorezca el relato de la "normalización" de Cataluña, es evidente que los directivos del Sabadell están agradecidos a la contundente posición expresada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El Gobierno no permitirá la colonización por parte del BBVA porque el negocio bancario quedaría controlado en un 70% solo por tres entidades. Y eso va contra la competencia. Así que, sin dejar de respetar lo que digan el Banco de España o los organismos que vigilan el sano funcionamiento del mercado bursátil y de la libre competencia, el Gobierno dirá la última palabra. Y será contraria a la fusión.